El sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) que conduce Graciela Aleñá rechazó hoy el Decreto 659/2019 que determina que la empresa Corredores Viales S.A. se haga cargo de cinco corredores viales. Afirman desde el gremio que se trata de una maniobra que avanza en la destrucción de la Dirección Nacional de Vialidad y que convalida la denuncia realizada por la prórroga ilegal y arbitraria de las concesiones viales, pretendiendo proteger al Ingeniero Iguacel y al Ministro Dietrich, quienes deberán igualmente responder ante la justicia, por los hechos que perjudicaron al Estado en más de 30.000 millones de pesos.

Al respecto, Graciela Aleña, sostuvo: “no es casualidad que este decreto salga en forma posterior a la denuncia penal que realizamos, estos contratos que habían vencido en abril de 2017 y fueron prorrogados en forma arbitraria e ilegal por el ingeniero Iguacel y el ministro Dietrich, no quedan salvados por el decreto publicado. No se puede legislar para atrás, los hechos ilegales se produjeron y perjudicaron al Estado en más de 30.000 millones y en los montos recaudados en forma ilegal por el peaje, ante eso los imputados  tendrán que responder”.

En ese sentido, subrayó: “el supuesto ahorro de 2500 millones del que hace mención Dietrich es una farsa, se sigue mintiendo el usuario, se cobra peaje sin  ofrecer caminos alternativos y se ejecutarán obras con fondos públicos para que después la empresa concesionaria que gane la futura licitación pueda cobrar sin invertir” y agregó “esta tarea podría ser realizada sin inconvenientes por la Dirección Nacional de Vialidad, si los fondos originales deducidos de combustible fueran destinados para lo que fueron creados y así el contribuyente no estaría abonando dos veces por lo mismo.”

Asimismo, la sindicalista advirtió: “esta sociedad a la que no es aplicable la ley de procedimiento administrativo, del régimen de contrataciones de la administración nacional, la ley de obra pública y en general las normas o principios de derecho administrativo, fue creada para seguir favoreciendo a empresas amigas que seguirán manejando el dinero de la obra pública”.