El presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la agroexportadora Vicentin como paso previo a enviar al Congreso un proyecto de ley de declaración de utilidad pública y expropiación. El objetivo es rescatar a la empresa, cuyo principal acreedor es el Banco de la Nación, para que cumpla el rol de empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos.
El diputado provincial por Santa Fe, Carlos Del Frade, habló con Unjuradio 92.9 y respaldó totalmente la medida anunciada por el Gobierno Nacional y adelantó que se tendrá que seguir el proceso con transparencia.
«Es una intervención para la expropiación. Es intervención a partir de lo que significa esta participación del estado, meterse en Vicentín en el medio de una estafa fenomenal que produjo la empresa y que perjudicó a 2368 personas», explicó el legislador santafesino.
Al respecto del Frade destacó que estas medidas evitan que el estado nacional se convierta en un testigo bobo del negocio exportador o financiero. «Lo de hoy es muy importante porque le da tranquilidad a los trabajadores de Vicentín que son 7.000 de forma directa en la provincia y casi 21.000 de manera indirecta», agregó el diputado.
Por otro lado explicó que la intervención es un primer paso ya que entre los considerando del Decreto de Necesidad y Urgencia se cuenta la posibilidad de que la firma sea declarada de utilidad pública y potencialmente, con el aval de una ley del Congreso Nacional, pasar a la expropiación.
El legislador llamó a diferenciar entre los conceptos de expropiación y estatización. En este caso a través de la expropiación se conforma una empresa mixta, con participación estatal. Lo cual deja abierta la posibilidad de que trabajadores y productores integren el directorio. «Realmente es importante, es una empresa distinta para que no tengamos después un estado bobo o cómplice que tal mal ha hecho como reputación al estado», manifestó del Frade.
Vicentin, líder en la producción de alimentos, entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines del 2019 como resultado de un proceso de vaciamiento. El principal acreedor de la empresa es el Banco Nación, que concentra el 80 por ciento de la deuda financiera.
La empresa cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, además de acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.
