El oficialismo en la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que busca modificar el régimen especial jubilatorio y de pensiones de jueces y diplomáticos, en una sesión que estuvo teñida de polémica luego de que Juntos por el Cambio impugnara que el quórum se haya alcanzado con la presencia de Daniel Scioli, designado embajador en Brasil.
La iniciativa, que ahora deberá ser girada al Senado, contó con 128 votos positivos, ninguno en contra y dos abstenciones de la Izquierda. El Frente de Todos arribó a ese número con su propia tropa y con la ayuda de parte de los espacios opositores minoritarios: el Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que lidera el mendocino, José Luis Ramón; los cordobeses que responden al gobernador, Juan Schiaretti, y la neuquina del MPN, Alma Sapag.
En el inicio de la sesión el presidente de la Comisión de Previsión Social, Marcelo Pablo Casaretto, aseguró este jueves que el proyecto de reforma de las jubilaciones de privilegio de la justicia y de diplomáticos apunta a lograr «una mejor redistribución de los ingresos» de los recursos destinados al sistema previsional y para «priorizar a aquellos beneficiarios que cobran 16 mil pesos».
Casaretto explicó la iniciativa en su carácter de miembro informante y lo hizo tras la denuncia de irregularidades de Juntos por el Cambio en la conformación del quórum.
El diputado pronunció el primer tramo de su discurso entre los gritos de los legisladores de Juntos por el Cambio que iban dejando el recinto de sesiones para protestar porque el oficialismo decidió continuar con las deliberaciones a pesar de sus quejas.
Casaretto dijo que el Gobierno «tiene una clara decisión de abordar este tema desde el concepto de solidaridad y de redistribución del ingreso, priorizando a aquellos beneficiarios que cobran 16 mil pesos, y no aquellos que están por encima de los 330 mil pesos, o aún los 770 mil pesos».
Al defender la iniciativa Casaretto detalló el déficit del sistema jubilatorio del Poder Judicial al afirmar que en la actualidad hay «17.622 empleados activos que aportan un promedio de 32.609 pesos y 6.983 pasivos que tienen un haber promedio de 272 mil pesos». Recordó además que el déficit del sistema judicial fue en el 2018 de 8296 millones de pesos, con lo cual «los argentinos están aportando al financiamiento de este sistema que tiene retribuciones altas». En la misma línea advirtió que en el sistema del servicio exterior hay 1.000 empleados que aportan más de 38.000 pesos y «hay beneficiarios pasivos que cobran 335 mil pesos con lo cual tiene un desfinanciamiento importante».
Claves del proyecto que obtuvo media sanción y que ahora tratará el Senado:
* Edad de jubilación: Aumenta en forma progresiva la edad para acogerse al beneficio y pasará a 60 años este año; 61 años a partir del próximo, hasta llegar a que sea 65 años en 2025.
* Aportes: El aporte personal se incrementará en 7 puntos porcentuales «sobre la remuneración total percibida en el desempeño de sus funciones”. Esto eleva la alícuota a 18%
* El 82% móvil: El haber inicial de la jubilación ordinaria será equivalente al 82% del promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años. Hasta ahora, se tomaba el 82% del último sueldo, que en estos casos, suele ser el más elevado ya que en la Justicia existe protección para que no se reduzcan los sueldos.
