La pobreza llegó al 54,9% y la indigencia al 20,3% de la población en el primer trimestre, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicados por el INDEC.
Con los datos oficiales del Indec, y por aglomerado urbano, las estimaciones de la UCA ubican a la región de Gran Resistencia, Chaco, como la más pobre del país con una tasa del 79,5%. La indigencia alcanza al 38,6% de la población. Le sigue Formosa con un 72% de pobres y Santiago del Estero- La Banda con casi 30% de indigentes. Pero la mayoría de las regiones tienen niveles de pobreza por encima del 50% y del 15%, en el caso de la indigencia.
En el caso de la provincia de Jujuy el índice de pobreza alcanza el 54,1%, mientras que la indigencia escala al 19,5% de la población.
Además, más del 44% de los trabajadores residen en hogares pobres y 7 de cada 10 niños viven en un hogar pobre, mientras que 3 de cada 10 lo hacen en un hogar indigente, es decir, con ingresos que no cubren el valor de una Canasta Básica Alimentaria.
Las causas del agravamiento de la situación social a lo largo del año son variadas, pero desde el ODSA atribuyen el fenómeno principalmente a las diferentes devaluaciones y su impacto en los precios, sin que se hayan generado subas inmediatas y similares en los salarios.
Aseguran que hubo un antes y un después en diciembre de 2023, cuando se redujo fuertemente el consumo, se agravó la recesión y en consecuencia, cayó la demanda de bienes y servicios a los trabajadores autónomos, especialmente en el sector informal.
«El análisis de los ingresos monetarios corrientes de los hogares y la población da cuenta de una caída del poder adquisitivo -en todos los estratos- con mayor intensidad en los estratos medios y en los más pobres, ampliando la brecha con respecto a la línea de pobreza. A esto se sumó un aumento del desempleo y escasas oportunidades de compensar la caída del ingreso real con mayor empleo informal», dice el informe.
A esta pérdida de los ingresos reales «se sumó una caída aún mayor del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios, un aumento de la desocupación y la persistencia de elevados niveles de precariedad laboral (asalariados sin afiliación a la seguridad social), todo lo cual generó un deterioro generalizado de los ingresos familiares reales, aunque con diferencias significativos al interior de la estructura social».
