Distintos dirigentes gremiales y políticos rechazaron este lunes la medida del gobernador Gerardo Morales de impedir que los jujeños «puedan ejercer un derecho democrático», amenazándolos con aplicarles «multas y sanciones».
Según los referentes sindicales, Gerardo Morales emitió un decreto que “avanza en la criminalización de la protesta” al impedir que los jujeños «puedan ejercer un derecho democrático» y “los amenaza con aplicarles multas y sanciones”.
Luis Cabana, secretario general de la Seccional Jujuy de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), habló con Unjuradio 92.9 sobre este tema y dijo que está con «sorpresa e indignación por este decreto, es un avance sobre todas las leyes vigentes, inclusive hasta sobre nuestra propia Constitución Nacional que garantiza la libre expresión, manifestación y protesta. Pretende, sobre un Código Contravencional que nació allá por el 2014 y que lo ejecutó y lo transformó en ley este Gobierno, modificar un artículo con argumentos falaces, con el pretexto de neutralizar, criminalizar aún más la protesta social poniendo eje en los trabajadores públicos con posibilidades de cesantía y multas astronómicas. No tiene razón de ser».
Para Cabana, este decreto «tiene que ver más con un pensamiento ya no de dictadura sino de un soberano y que no nada tiene que ver con los principios democráticos que venimos practicando desde hace más de 30 años desde la recuperación de la democracia en nuestro país por lo tanto nosotros inmediatamente hemos informado a nuestros afiliados y a los trabajadores en general que en el día de la fecha ya nuestros profesionales están trabajando en una medida judicial para evitar su efectivo cumplimiento o ejercicio».
Además, el sindicalista dijo que «ya estamos haciendo los contactos necesarios con las autoridades del Gobierno Provincial donde en el día de hoy se está remitiendo una nota solicitando la derogación de ese decreto, de no ser así obviamente nosotros igual vamos a salir a las calles. La verdad que nos pone en un estado de alerta y movilización al máximo, nosotros, por UPCN, estuvimos con medidas de fuerza el día jueves participando de la movilización con la comisión directiva y también, el día viernes iniciamos un paro sin asistencia. Hoy nos reunimos con la comisión directiva ejecutiva de UPCN para ir evaluando todos estos temas y si no somos convocados en el día de la fecha a paritaria iniciamos un plan de lucha que va a convocar en una masiva movilización de nuestra organización».
dentro del Marco que establece nuestra organización madre que es la secretaría regional para el día viernes 16 es decir vamos a digamos implementar todos los mecanismos que tienen que ver y previsto en nuestras leyes vigentes nacionales Y tratar de no podemos hablar de nuestra realidad provincial con un código contravencional totalmente absurdo fuera de todo contacto en el marco de la ley constitucional por donde usted lo mire y si lo sumamos a este esta modificación este artículo ni que hablar un estado de sitio un estado dictador un estado que no ve la realidad
«De ninguna manera este decreto hace referencia a la posibilidad de protesta»
Por otro lado, el fiscal de Estado, Miguel Rivas, habló sobre el decreto que prohíbe las manifestaciones en Jujuy dijo que está «absolutamente de acuerdo con el decreto sin ningún tipo de duda. Pero además, viene en sintonía con lo que se viene pregonando en la Provincia de Jujuy desde hace 8 años a partir de la gestión del gobernador Gerardo Morales qué es la preservación de la paz. El decreto prácticamente es un retoque del Código Contravencional que estaba vigente y posee una actualización de multas y mecanismos directos para que las fuerzas contravencionales solamente garanticen el derecho de todos los habitantes al tránsito por la provincia».
Además, Rivas dijo que «de ninguna manera este decreto hace referencia a la posibilidad de protestar o manifestar de los habitantes de la provincia. No tiene absolutamente ninguna referencia a la protesta sino que está con relación a obstaculizar el paso de la gente. Lo que es la protesta no puede hacer es interrumpir los derechos de los otros habitantes».
