El Ministerio de Trabajo emitió una resolución que determina nuevos parámetros ante las alternativas de presencialidad planteadas en la Ciudad de Buenos Aires y en las distintas provincias, frente al inicio del ciclo lectivo 2021.

Se trata de una resolución planteada por el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que modificó el artículo 3 de la disposición del 16 de marzo del año anterior, disponiendo que, a partir del ciclo lectivo 2021, se justificará en cada jurisdicción la inasistencia al trabajo de la persona adulta responsable en el cuidado de niños o adolescentes.

Esta justificación será considerada en los días que los alumnos no concurran a clases presenciales en el establecimiento educativo, o en los que asistan con jornada presencial reducida y no pueda cumplirse la jornada escolar normal, teniendo que aclarar que la presencia del adulto en el hogar es indispensable para esta tarea de cuidado. Cabe aclarar que se respaldará solo a un progenitor o persona por hogar, según concluyó la Resolución 2021-60.

«La persona alcanzada por esa justificación deberá notificar esa circunstancia a su empleador y, para permitir el adecuado control, tendrá que completar una declaración jurada que contenga los datos del niño o adolescente, el grado o año que cursa, los datos del establecimiento educativo al que concurre y el régimen de presencialidad dispuesto en esa institución», detalló Moroni en la resolución publicada en el Boletín Oficial.

En cuanto a este régimen de licencias, el funcionario expresó que la pandemia complicó todo, “asistiendo a un fenómeno del medioevo en pleno siglo XXI”. Remarcó además que cada provincia tendrá sus propias medidas y modalidades, y determinarán el inicio de clases presenciales. “No se solicitará ninguna certificación especial o que la expida el colegio, porque es el principio de buena fe el que rige todo acuerdo entre las partes”, señaló y concluyó diciendo que la cartera de Trabajo solo solicitará una declaración.

Moroni ya conversó con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, para que esos datos del régimen de asistencia sean públicos a fin de que los empleadores puedan chequearlos.