El pasado jueves, el Gobierno nacional estableció el régimen de segmentación de tarifas para los usuarios de los servicios públicos de electricidad y de gas natural por red, en el que el 90% no tendrá nuevos aumentos en sus facturas en lo que resta del año.

La medida se dispuso mediante el decreto 332/2022 publicado en un suplemento extraordinario del Boletín Oficial.

Poco antes de su publicación, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, remarcó que «no va a haber ningún aumento de tarifas para el 90% de la población en el resto del año», y que el 10% restante «va a tener que pagar la tarifa plena» por sus ingresos y, por lo tanto, «no van a recibir ningún subsidio de parte del Estado».

De este modo, tal como se había estipulado meses atrás, la segmentación reconoce tres niveles de usuarios, de los que solamente el 10% de mayor capacidad económica pagará la tarifa plena sin subsidios.

Esa franja de usuarios está comprendida por aquel que tiene ingresos mensuales y netos superiores a un valor equivalente a tres y media canastas básicas y totales; es titular de tres o más automóviles con una antigüedad menor a cinco años, o de tres o más inmuebles, o de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo, o de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

Éste sería el único segmento que puede llegar a recibir un aumento, que se va a prorratear por bimestre desde ahora y hasta final del año.

El segundo nivel está integrado por los beneficiarios de la tarifa social, y el tercero es un nivel intermedio entre los dos anteriores.

La portavoz había explicado que el segmento que recibe la tarifa social, alguno de los planes sociales y está en situación de vulnerabilidad «va a pagar la tarifa social, que implica que no puede tener en el año un aumento mayor al 40% del aumento del coeficiente del Salario Mínimo Vital y Móvil».

Tanto el nivel 2 como el 3 ya tuvieron los ajustes tarifarios correspondientes, equivalentes respectivamente al 40% y al 80% de la variación salarial del año pasado, y no volverán a tener incrementos en 2022.

Asimismo, se crea una nueva categoría de usuario que contempla los casos de inquilinos de viviendas que podrían estar a nombre de titulares con altos ingresos, a los efectos de evitar complicaciones para delimitar la segmentación.

Por su parte, el Ministerio de Economía recordó que «en esta línea, se registraron incrementos en las facturas ya aplicados y totales del 21,4% y 42,7% respectivamente en el área de jurisdicción nacional».

También explicó que «la implementación se llevará adelante con un formato a demanda por medio de una declaración jurada de conformación de hogar», y que «todos aquellos hogares que lo soliciten continuarán recibiendo subsidios a la energía de acuerdo con la nueva metodología».

Asimismo, se crea la figura del usuario a los fines de facilitar la solicitud de aquellos hogares inquilinos o residentes que no tengan la titularidad del servicio.

En este caso, «el formulario digital de simple acceso será complementado con la atención presencial de las distribuidoras y la Anses, universalizando el acceso presencial de inscripción y reconsideraciones en todo el territorio nacional», indicó el Palacio de Hacienda.

Mediante esa metodología se evaluará la capacidad de pago del hogar a partir de sus condiciones socioeconómicas verificables.

«De esta forma, se busca mejorar la asignación de los subsidios en términos distributivos», explicó Economía.

Una vez analizadas las solicitudes por parte del Estado, en el caso de considerar errónea su categorización, «los usuarios podrán solicitar una reconsideración en el nivel de subsidio de una manera ágil», señaló.

En este sentido la diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz explicó que durante ese período los usuarios «deben registrarse para verificar cuál es el medidor que le corresponderá». Solamente el 10% de mayor capacidad económica pagará la tarifa plena sin subsidios.

Asimismo señaló este martes, que habrá un plazo de seis meses para que los usuarios registren sus medidores domiciliarios de gas y electricidad para poder pasarlos a «la categoría plena» como parte de la segmentación de tarifas que impulsa el Gobierno nacional.

«Durante seis meses donde vamos a realizar campaña de difusión para que todos estén al tanto de la segmentación de las tarifas. Entre junio y diciembre se recibirá la información para pasar a los sectores a la categoría plena. El usuario debe registrarse para poder verificar cuál es el medidor que le corresponderá», indicó en declaraciones para Radio 10.

La diputada afirmó que aquellos trabajadores que ganen «más de $330.000 van a dejar de recibir el subsidio en las tarifas».

En esta línea, Tolosa Paz afirmó que se brinda este tiempo para registrase porque «hay un 25% de los medidores de Argentina que no se sabe a quienes corresponden».

«Nadie pide el cambio de titularidad, simplemente que ingresen al registro y nos informen que medidor llega al domicilio. Los sectores que tienen la posibilidad de pagar tarifas más altas de gas y luz lo tendrán que hacer para poder ayudar a aquellos que no puede hacerlo», concluyó.

La inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE) se podrá a hacer a través de la web www.argentina.gob.ar/subsidios que se habilitará esta semana o de modo presencial en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de distribuidoras de electricidad y gas.

2. Los usuarios deberán informar un domicilio. Los datos que se informe tienen características de DDJJ de ingresos, patrimonios y grupo familiar.

3. Quien no complete este trámite perderá los subsidios. Con ello se evitará de manera inmediata perder el beneficio, mientras el Estado evalúa la presentación.

4. Todas las personas deben realizar la inscripción, tanto para las que reciben prestación sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar, Potenciar Trabajo, entre otros como jubilados y pensionados.

5. Los que no les corresponda el subsidio por pertenecer al grupo «alto», deberán pagar la tarifa plena de manera gradual hasta fin de año.

Importante: los criterios serán «continuos y móviles»; es decir, el registro seguirá abierto para que los usuarios declaren más adelante que sus condiciones cambiaron y puedan requerir o despojarse de la ayuda estatal.