Desde ayer, entró en vigencia en nuestro país la ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Género y Diversidad junto a los integrantes de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal recordaron que «su vigencia es inmediata y debe haber políticas educativas para que se garantice su cumplimiento».

Luego de que el pasado 15 de de Enero el presidente Alberto Fernández firmara el decreto 14/2021, la Ley IVE entró en vigencia ya que se hace efectiva desde los 8 días de su promulgación. En este marco se manifestaron las diferentes posturas.

Por un lado Patricia Bustamante, abogada e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, declaró para Télam que hoy se reaviva la declaración que se hizo el día de su aprobación en el Congreso: «Este es un triunfo de la lucha colectiva y de los años de organización con el foco puesto en este derecho» haciendo énfasis en que la vigencia de esta ley es de orden público y en todo el país. Para Bustamante, la estrategia de judicializar la ley impulsada por sus opositores «carece de lógica, siendo una de las leyes más debatidas en la historia de nuestro país, en las calles, en las aulas y que cumple con todos los tratados y convenciones a las que este país suscribió en materia de derechos humanos».

Por otro lado, desde los grupos provida, la ex senadora nacional por la provincia se Salta, María Cristina Fiore Viñuales, dijo que insistirán por la vía judicial para impedir su aplicación. Al mismo tiempo, el titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, sostuvo un «no ha lugar por improcedente». Esto es, que el juzgado rechazó este recurso colectivo  que pretendía declarar inconstitucional la ya sancionada y promulgada Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Finalmente, Natalia Gherardi, desde el ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y género) aclaró que la entrada en vigencia de la ley es el comienzo de un nuevo paradigma: «sabemos que los esfuerzos de los grupos opositores estarán dirigidos a tratar de obstruir la práctica. En algunos casos, esos esfuerzos tratarán de contar con los tribunales de justicia. Pero veremos que los argumentos están de nuestro lado y por eso serán rechazados».