El presidente Alberto Fernández encabezó este jueves el lanzamiento del Certificado de Pre-identificación (CPI) para garantizar el derecho a la identidad de quienes no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de las Personas (Renaper), y facilitar la identificación y emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI).
El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta; la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz; y el secretario de Interior, José Lepere. También participaron del acto la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
“Esto es una reparación por lo que el Estado no hizo durante muchos años”, reflexionó el mandatario desde el Salón de los Pueblos Originarios, en Casa Rosada, y añadió: “Este Día de la Identidad se lo dedicamos a aquellos que viven en la Argentina indocumentados por culpa de un sistema burocrático que hace las cosas muy difíciles. Por ellos estamos implementando un sistema más fácil”.
El Día Nacional del Derecho a la Identidad fue instaurado por la Ley 26001, del año 2004, en conmemoración de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por recuperar a los niños y niñas secuestrados durante la última dictadura cívico militar. En ese sentido, el Presidente ponderó el trabajo de Abuelas, que “se hicieron cargo de la búsqueda de sus nietos que una dictadura les había arrebatado”.
Y afirmó: “En la Argentina hay muchas personas que todavía necesitan conocer su identidad y que por no estar registradas son gente desconocida en el país donde nacieron, donde viven y donde formaron una familia”.
La medida tiene como objetivo iniciar y facilitar el proceso de reconocimiento de la personalidad jurídica de aquellas personas que no cuentan con la certificación correspondiente, a la vez que garantizar el acceso a derechos básicos de quienes no están registrados con partida de nacimiento o DNI. Además, permitirá al Estado nacional contar con un registro de personas no inscriptas en el sistema, que incluya los datos biométricos.
