Miguel Fiad, abogado laboralista, explicó que «existen distintos rubros para aclarar la tragedia que ocurrió en el Ingenio La Esperanza.
Uno de ellos es la cuestión humana por el fallecimiento y heridos de trabajadores, la otra materia de análisis es cómo quedó la fábrica, la cuestión laboral a futuro. Para que eso se aclare, habrá que ver la cadena de responsabilidades en un hecho con estas características. El responsable en primer lugar porque debe asegurar el lugar de labor del trabajador es el empresario, con las instalaciones de la fábrica, debe agudizar y minimizar todos los riesgos existentes en la fábrica de tal forma brindar seguridad a sus trabajadores. En muchos casos el empresario no lo hace y acá empiezan a jugar otros actores que deben controlar y velar que los trabajadores tengan esa seguridad y salubridad laboral. Uno de esos actores es la ART como empresa aseguradora, que debe reparar los daños pero también prevenirlos y en ese sentido debe hacer controles periódicos sobre el establecimiento de su cliente. El otro actor es el Ministerio de Trabajo de la Provincia, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que son instancias públicas estatales que tienen entre sus facultades el cumplimiento de las normativas laborales en cuanto a seguridad y salubridad».
Con respecto al pago por indemnización a las familias de trabajadores fallecidos o heridos, Fiad dijo que «depende de la estrategia del abogado que lleve el caso. Con las modificaciones de la ley de riesgo de trabajo en teoría la ART ante el fallecimiento en 15 días debería poner a disposición una propuesta de indemnización y las familias decidir si les conviene, según la propuesta, es un magisterio del abogado que asesore a los familiares».
El abogado agregó que «la reforma a la Ley de Riesgo de Trabajo del macrismo, lo que se intenta aquí es volver a lo que se llamaba antiguamente la denominada “opción”, optar por la vía laboral o por la reparación civil. La reparación laboral es lo que repara el lucro cesante, pero también está la opción de los familiares de plantear la inconstitucional de la ley e ir por la vía civil en cuanto al reclamo económico».
