El Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, que ya contaba con media sanción de la Cámara baja.
La oposición alcanzó una amplia mayoría y logró la aprobación de la ley con 57 votos afirmativos, 10 en contra y una abstención.
Pese a la decisión del Congreso, el Gobierno anticipó que, al igual que con la reforma jubilatoria, vetará la ley, al argumentar que pondría en riesgo el superávit fiscal. La propuesta presentada por la Unión Cívica Radical aumenta los fondos para las Universidades nacionales para garantizar su funcionamiento.
La suba incluye un incremento para los docentes y no docentes y generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Según la normativa, en caso de no ser vetada por el presidente Milei, se tendrá que actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y ajustar los presupuestos de las Universidades cada dos meses de acuerdo a la inflación.
A su vez, establece que tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.
De acuerdo a la oficina de Presupuesto, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de 210.742 millones de pesos; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de 86.254 millones de pesos, mientras que para salarios los fondos oscilan en los 441.600 millones de pesos.
Uno de los puntos centrales es que se aumentarán todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación. Este mecanismo de aumento salarial dejaría de tener vigencia sólo si hay un acuerdo con las autoridades de las Universidades Nacionales.
