La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF);  la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM);  la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y Siglo 21, presentaron un amparo ante la Justicia para que se declare inconstitucional la medida adoptada por el Secretario de Gabinete, Marcos Peña, por reducir el presupuesto asignado por el Congreso al Consejo Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción contra la violencia de género. Al considerarla violatoria de los derechos humanos.
El 11 de enero pasado, el Jefe de Gabinete, en la Decisión Administrativa 12/2017, resolvió recortar 67 millones de pesos asignados en la Ley  de Presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y a la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA). Esta decisión dejó sin efecto el presupuesto debatido y aprobado en el Congreso Nacional, en donde se aprobó una asignación adicional de $20.000.000 al CNM y se agregó al Presupuesto nacional una línea presupuestaria específicamente destinada a las acciones contempladas en el PNA para el 2017,por la suma de $47.000.000.
“Decidimos recurrir a la Justicia no sólo para revertir la sustracción ilegal de las partidas del PNA y del CNM, sino también para que se establezcan los mecanismos de monitoreo para la ejecución del presupuesto que impedirán que esta situación se repita”, explicaron las organizaciones.
En el texto presentado a la Justicia, los inscribientes, exigen se ordene al Poder Ejecutivo Naciona que reafecte los 47 millones de pesos correspondientes al PNA, y que restituya los 20 millones de
pesos desafectados al CNM, partidas sustraidas de forma ilegítima. Finalmente, para las ONG “resulta inaceptable que en el contexto actual, en el cual desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia contra las mujeres y se clama por políticas estructurales que reviertan el problema, el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios a políticas contra la violencia de género”. PH: Natalia Gherardi, titular del Equipo Latinoamericano de Género y Justicia.

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