El Gobierno de Javier Milei ordenó disolver la Unidad Especial de Investigación que tenía como objetivo la búsqueda de menores desaparecidos durante la última dictadura militar, mediante el decreto 727/2024, que deroga la normativa 715 publicada el 9 de junio de 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner, que funcionaba en la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), una herramienta que permitió avanzar en la recuperación de la identidad de nietos apropiados.
Según argumenta el texto publicado esta martes en el Boletín Oficial, el motivo de su derogación se sustenta en que la unidad tenía «acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal». En esa línea, señalaron que se trata de herramientas que «violentan nuestro régimen constitucional».
A continuación, apuntan que «corresponde al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de acciones judiciales orientadas al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial» y que por tal motivo se creó «en el ámbito de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad la “Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado”».
Asimismo, ponen en cuestión la presunta vulneración de derechos constitucionales «como el artículo 43 que protege el derecho a la intimidad, uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del ser humano, por lo que este solo puede ser objeto de injerencia en la medida en que exista una orden judicial debidamente fundada destinada a obtener información específica, legítima, idónea, proporcional y razonable a los fines buscados, sin que pueda ser evitada en miras a satisfacer una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos».
En ese sentido, afirman que las facultades de investigación que le fueron otorgadas a la Unidad Especial de Investigación «contravienen lo establecido en los artículos 19, 43, 108, 109, 116 y 120 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148 y sus modificatorias». Por los motivos enumerados, el decreto publicado esta noche, ordena disolver la Unidad Especial.
Ante esta decisión Abuelas de Plaza de Mayo expresaron que «mientras la narrativa de la impunidad avanza de la mano del neoliberalismo salvaje, debemos organizarnos, resistir y mantener viva la llama de la memoria. La búsqueda de Abuelas continuará hasta encontrar a todos los nietos desaparecidos».
Desde el organismo ya habían advertido sobre las consecuencias de la eliminación de la unidad para búsqueda de nietos apropiados, y la normativa, que entrará en vigencia a partir de hoy, «ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado».
La UEI fue creada por decreto en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner para investigar los casos de nuestras nietas y nietos desaparecidos en una instancia prejudicial. Asiste a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, para evitar que se abran en la justicia causas improcedentes. En la actualidad, Abuelas cuenta con alrededor de 7000 denuncias de posibles hijos e hijas de personas desaparecidas que son analizados por esta unidad.
«Así como antes le decían a las Abuelas “dejen tranquilos a esos chicos”, hoy la narrativa de la impunidad dice “son grandes, si no quieren es asunto de ellos”. Sabemos bien que son grandes, que tienen entre 41 y 49 años, pero no existe el derecho “a no conocer la identidad”. Concretamente, si se sospecha que una persona puede ser hija de desaparecidos, su identidad debe esclarecerse, aún si esa persona se opone, pues también está en juego el derecho de las Abuelas y sus familiares a encontrar a sus seres queridos y a la verdad. Además, se trata de un crimen de lesa humanidad que no puede quedar impune.
La identidad es una responsabilidad del Estado. Y si acaso una persona está padeciendo el delito de apropiación ocurrida en el marco del genocidio, ese delito no prescribe y hay que detenerlo. El propio Estado incumple tratados internacionales si no destina recursos a hacerlo, algo que le puede valer sanciones. Lo mismo ocurre en otras áreas, en las que está obligado a continuar políticas públicas que trascienden gestiones.», dijeron desde el organismo.
