A través de un comunicado, los ministros de Desarrollo Social de Jujuy, Buenos Aires, La Rioja, Formosa, La Pampa, Santiago del Estero, Misiones y Tierra del Fuego reclamaron que el Gobierno nacional de detalles de cómo será la entrega de los alimentos retenidos a merenderos y comedores, tarea que estará a cargo del Ejército nacional, y solicitaron que se convoque al Consejo Federal de Ministros de Desarrollo Social (Co.Fe.De.So) para analizar cómo será la entrega de la mercadería.

De este modo, solicitaron que el ministerio de Capital Humano convoque al Consejo Federal de Ministros de Desarrollo Social para la elaboración de un “ágil cronograma de entrega de los alimentos próximos a vencer”. A su vez, señalaron que a raíz de las bajas temperaturas “es necesario tener planificada la entrega de kits de invierno y para personas en situación de calle”.

Además, pidieron restablecer el financiamiento para obras del Programa Plan Nacional de Primera Infancia, dirigidos a la promoción del desarrollo integral de las infancias. Programa Mi Pieza y Programa Mi Baño, “que contempla la realización de obras de ampliación y mejora habitacionales, como también la construcción de nuevos espacios para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes”.

También reclamaron la distribución de las camionetas que fueran adquiridas por Desarrollo Social y que debían ser distribuidas a las Provincias. “Nos ponemos a disposición de colaborar y abrir un canal de conversación para tener un intercambio institucional más fluido, que sin dudas beneficiara a los argentinos y argentinas más postergados, que necesitan de las políticas sociales activas y permanentes, ejecutadas por parte del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Provinciales”.

Mientras tanto, las causas judiciales que involucran a funcionarios del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, siguen creciendo. Durante el fin de semana, dos juzgados ordenaron inspecciones en galpones donde hay 6 mil toneladas de alimentos sin entregar, ubicados en Villa Martelli y Tafí Viejo, Tucumán. La justicia investiga la falta de distribución de estos alimentos y otras irregularidades, incluyendo un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

El abogado Leonardo Martínez Herrero presentó una nueva denuncia penal por malversación de fondos públicos, cohecho y administración fraudulenta, señalando a varios funcionarios como Pablo de la Torre y Federico Fernández. La denuncia revela un esquema de distribución de fondos a través de contratos con la OEI, evidenciado por una planilla de Excel que muestra pagos a «profesionales» contratados, muchos de los cuales no figuran en las bases de datos oficiales del ministerio.

Este esquema sugiere que los profesionales cobraban sumas significativas sin relación con las áreas de competencia de la cartera social. Además, se menciona una retención de entre el 10 y el 12% de los montos percibidos cuyo destino es desconocido, y una «cajita» para la conversión de pesos a dólares, generando una recaudación espuria estimada en 120 mil dólares.

Debido a estas irregularidades, la ministra Pettovello removió a varios funcionarios, incluido el secretario de Adolescencia, Niñez y Familia, Pablo De la Torre.

 

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