En un comunicado el Ministerio de Justicia informó que reducirá en un 40% los Registros de la Propiedad Automotor del pais (DNRPA). También anunció otros cambios relevantes para los conductores como la eliminación de la Cédula Azul y el Certificado de Transferencia  Automotor (CETA) entre otras medidas.

Estos son los puntos de la reforma en la DNRPA: 

  • Cierran el 40% de los Registros Automotores del país. Van a comenzar por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años.
  • Recortan en un 30% el personal de la Dirección de Registros Automotor. Van a implementar retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
  • Eliminan el Certificado de Transferencia Automotor (CETA), que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la Afip.
  • Eliminan la «cédula azul» a partir de mayo. De esta manera, cualquier persona puede circular dentro del territorio nacional con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.
  • Eliminan el vencimiento de todas las cédulas verdes.
  • Obligan a los titulares de los registros seccionales a hacerse cargo del 100% de sus costos operativos. El Ministerio de Justicia se reserva el poder de controlar la estructura de costos de los Encargados de Registros.
  • Prometen digitalizar todos los legajos de los vehículos, con el fin de constituir un registro digital único y completo.
  • Invitan a las Provincias a bajar impuestos de sellos y patentes provinciales.
  • Proponen implementar un Régimen de Concursos para declinar la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.
  • La Subsecretaría de Asuntos Registrales va a auditar el sistema de fiscalización de los registros seccionales.
  • Derogan «el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos».
  • Van a digitalizar la verificación policial de vehículos.
  • Aumentarán el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.

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