Como parte de la desregulación de la economía que implementa el Gobierno nacional, el presidente Javier Milei anuló un decreto de 2020 con el que se buscó controlar los precios de los principales servicios de la industria de las telecomunicaciones local, un sector estratégico con rubros como televisión por cable, telefonía (fija y móvil) e Internet.
Esa norma –el decreto 690– los declaró como servicios públicos en competencia, congeló sus precios por un par de meses y puso al Estado como contralor de todas las subas que se iban a dar en adelante, algo que se logró a medias por medidas cautelares que las principales empresas del rubro interpusieron ante la Justicia.
Así, por medio del nuevo Decreto 302/2024 quedan derogados el DNU 690/20 y también artículos de la Ley Argentina Digital N° 27.078, que se votó en 2014.
“Resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios”, indica el nuevo DNU.
El Decreto deroga el artículo 48 de la mencionada ley que decía que “los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.
Esa parte seguirá vigente, pero se eliminó un segundo párrafo que indicaba que “las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público, podrán ser reguladas por ésta”.
Esa autoridad de aplicación, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), ya no podrá interferir en los precios. Ese es el eje central de las modificaciones: que el Estado no puede interferir en las políticas de precios de las empresas.
También se derogó el artículo 15 de la ley que reconocía “el carácter de servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de TIC”.
Además, el Enacom está llevando adelante un fuerte proceso de despidos de personal –unos 300 sobre un objetivo final que podría llega a 500 empleados– y cierre de las delegaciones del interior del organismo que fue intervenido por 180 días a fines de enero. “Es una etapa transitoria pero necesaria para el reordenamiento del organismo”, destacaron desde la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete que encabeza Nicolás Posse.
