El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, recibió a miembros de la Pastoral Aborigen, con quienes coincidió en «la necesidad» de que «las comunidades indígenas» de Jujuy «deben ser formalmente consultadas acerca de asuntos y proyectos que afecten sus territorios y sus vidas», se informó oficialmente.
«Coincidieron en la necesidad de afirmar una vez más que las comunidades indígenas deben ser formalmente consultadas acerca de asuntos y proyectos que afecten sus territorios y su vidas; y ser parte de un trabajo articulado junto a las autoridades en la búsqueda de la justicia y el resguardo de sus derechos», expresó el Episcopado a través de un comunicado.
En el texto también se destacó «el diálogo por el cual trabaja la Iglesia de Jujuy junto a sus Obispos, apostando por la paz y la no violencia».
De la reunión, realizada en la sede de la CEA, en Suipacha 1032 del barrio porteño de Retiro, participaron Clemente Flores, Verónica Chávez, Verónica Flores, Leontina Melano, padre Vidal Serpa, Rodolfo Fernández e Inés Choque, todos miembros de la Pastoral Aborigen que acompañan comunidades en Jujuy.
El comunicado del Episcopado se da a más de 40 días de aprobada y sancionada la reforma constitucional de Jujuy, que originó múltiples protestas en la capital provincial, cortes de ruta en distintos puntos del distrito, manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires y la intervención del Partido Justicialista (PJ) jujeño por orden del presidente Alberto Fernández.
Además de protestas encabezadas por gremios docentes, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos, actualmente se realiza el denominado Tercer Malón de la Paz, una marcha que convocó a varios pueblos indígenas a arribar mañana a la ciudad de Buenos Aires para reclamar en defensa de sus territorios, de sus recursos naturales y contra la reforma constitucional, impulsada por el gobernador jujeño y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales.
Los «maloneros» piden que la Corte Suprema de Justicia se expida al respecto de la «inconstitucionalidad de la reforma» de esa provincia y solicitan que el máximo tribunal emita un dictamen y garantice sus derechos.
