De la misma forma que ocurrió en mayo pasado, la sede del CEDEMS vuelve a correr el peligro de ser rematada.

Debido a deudas que posee el organismo con distintas entidades bancarias, proveedores y personas, una orden judicial del 22 de septiembre ordena “la subasta pública, de dinero de contado y al mejor postor, con base de 2.687.437 pesos”, de la sede de calle Balcarce.

En conferencia de prensa, la docente y referente de la Lista Morena, Mercedes Sosa confirmó la situación del CEDEMS respecto a la posibilidad de ser rematado.

“Esto es información pública y se puede verificar”, dijo y precisó que “el expediente C-117154 fue iniciado en 2018 por una docente que trabajaba en los JIN del gremio, luego de ser despedida de palabra sin haber percibido remuneración por el trabajo realizado, durante la gestión de Ajalla”.

Ante este reclamo la Justicia falló a favor de la demanda que demostró su relación laboral, que “en aquel momento fue negada por la dirigencia gremial”.

De este modo, y aunque se le pagó un porcentaje de lo que la justicia había ordenado, una suma de casi 700.000 pesos, “durante la gestión de Montero se dejó de pagar y no se contestaron los pedidos judiciales”.

“Esa es una suma que esta en condiciones de pagar el gremio, ya que somos 3000 afiliados y con la cuota alcanza perfectamente”, manifestó.

Actualmente, “como esa deuda no se pagó, se va a rematar la sede”.

“Es irrisorio, Montero tienen a cargo la administración de los fondos y debería pagar ya”, dijo y agregó que “esa actitud demuestra la omisión, desidia, negligencia y falta de compromiso de la gestión”.

Por último, indicó que “ya está designado el martillero que esta iniciando los trámites, y si no se paga corremos el riesgo de que se remate la próxima semana”.

Respecto al proceso electoral y la presentación ante el Ministerio de Trabajo, el docente e integrante de la Lista Bordó, Andrés García, señaló que el lunes pasado fueron recibidos en el Ministerio por “parte del equipo de asociaciones sindicales sobre el pedido de impugnación, que versa sobre la irregular no oficialización de la Lista Bordó, integrada también por la Lista Morena”.

“En ese marco se dio una elección con lista única donde pocos docentes vinieron a votar”, recordó. 

Por este motivo, la impugnación está en curso, por lo que “Montero no tiene certificación de autoridades” y además “tampoco se hicieron las correspondientes presentaciones acerca de la elección por parte de la Junta Electoral”.

En este sentido, explicó que se le otorgaron diez días a la Junta Electoral para realizarlas, proceso luego del cual el Ministerio resolverá si se impugna o no la última elección.

“Queremos poder luchar por una paritaria justa”, concluyó

 

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