El Gobernador de la Provincia encabezó el lunes pasado el acto de presentación del proyecto de reforma parcial de la Constitución de Jujuy.

Según fuentes oficiales, la iniciativa pone el foco en la institucionalización de la paz social, establecer nuevos derechos y garantías, replantear aspectos del sistema político y de la Justicia. En cuanto a la cláusula constitucional de reelección del gobernador y el vicegobernador, el proyecto no contempla modificación alguna, descartando en consecuencia la habilitación a un tercer mandato consecutivo.

El proyecto impulsado desde el Poder Ejecutivo prevé reformas en las limitaciones a los mandatos políticos, el orden democrático, la paz social, la educación para el trabajo, el cambio climático, la igualdad de género, los derechos para la juventud y las transformaciones científicas y tecnológicas.

En este marco, Marcia Baranovsky, abogada, y la primera mujer asambleísta quien participó en la última reforma constitucional de la provincia del año 1986, en diálogo con UNJuRadio se refirió a esta nueva reforma parcial de la Constitución Provincial presentada por el Gobernador Gerardo Morales.

Respecto a aquella convención constituyente, Baranovsky recordó «el trabajo contrarreloj y dinámico realizado y el importante consenso logrado por parte de los cuatro bloques presentes, quienes deseaban reafirmar los derechos humanos».

Asimismo, analizó la situación frente a estas nuevas reglamentaciones y afirmó «lo que me preocupa es que todo está muy digitado y los constituyentes son soberanos, además de que algunos temas están elegidos caprichosamente, sumado a que hay una cuestión relevante a destacar que como país hemos adherido a la Constitución de Naciones Unidas sobre derechos y libertades humanas y al Pacto de San José de Costa Rica y en esta convocatoria se está yendo contra alguna de estas libertades».

En esta misma línea, mencionó que «para lograr una reforma y una renovación profunda, que tenga que ver con lo que la ciudadanía requiere en estos momentos, se necesita un trabajo de tiempo permanente».

«Esta reforma debe servir para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el objetivo es consolidar la democracia; sin embargo, me preocupa que la convocatoria se presente tan cerrada y parcial», agregó.

Respecto a quienes podrán ser parte de los 48 asambleístas, Baranovsky indicó que «deberiamos de ser parte personas que trabajamos en instituciones, juristas, asimismo las opiniones doctrinales son importantes, pero no solo deben ser abogados, sino que se debe enriquecer la reforma».

Finalmente, dijo, «me preocupa que se presenten temas tan acotados y parciales que tal vez sirvan a fines muy personales, pese a esto se deben legislar sobre los temas que la constitución va proponiendo».

Sobre la nueva reforma parcial de la Constitución Provincial

Son cinco grandes temas propuestos para la reforma: Reelección del gobernador, Institucionalizar la paz social, Nuevos derechos y garantías constitucionales, Sistema político, Justicia y Otros temas de reforma.

Sobre el primer punto especificó que «no habilita un tercer mandato».

El segundo punto está dirigido a las organizaciones sociales. Prohíbe el indulto a las personas que incurrieren en «grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, lo que se considerará atentado contra el sistema democrático»; prohíbe los cortes de ruta, se propone «reforzar la prohibición de usurpaciones de espacios públicos y de la propiedad privada», reglamentar el derecho a la protesta y habilitar «la ejecución directa para el cobro de multas por contravenciones que afecten la paz social».

El punto tres, propone dar jerarquía constitucional a los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos y derechos de los niños niñas y adolescentes, además de derechos ambientales. Enuncia: «Más derechos para las mujeres y nuevo enfoque para la igualdad de género. Derecho a la diversidad» y «nuevos derechos para los jóvenes», en el que se propone educar para el trabajo y para ello impulsa incorporar oficios en la educación secundaria.

También propone incorporar al texto de la Constitución jujeña los nuevos derechos vinculados con las nuevas tecnologías y el espacio digital, habla del deber del estado de garantizar el acceso a la conectividad y la inclusión digital, de receptar la nueva redacción de la Constitución Nacional con relación a pueblos indígenas, la protección y cuidado de los animales como deber de las personas, la sociedad y el Estado, y prohíbe el maltrato animal.

En el punto sobre el sistema político, el proyecto habla de «fortalecer la defensa de la autonomía de la provincia». Establece dos mandatos para diputados, intendentes, concejales, comisionados y vocales de las comisiones municipales. El periodo de sesiones ordinarias comenzará el 1 de marzo y terminará el 30 de noviembre de cada año. Prohibición expresa de la ley de lemas. Y plantea que las comisiones municipales tendrán «Estabilidad democrática», algo que despertó críticas de la oposición.

En el apartado referido a la Justicia, propone «Consagrar el Consejo de la Magistratura para la selección y remoción de jueces inferiores», la evaluación periódica de desempeño para mayor celeridad y calidad de la justicia, capacitaciones a jueces, fiscales y funcionarios judiciales, y la autonomía del Ministerio Público de la Acusación y de la defensa.

En el apartado final se propone la eliminación del Banco Oficial de la Provincia y elimina el Instituto de Colonización y el IPPS, cuya función ya fue asumida por la ANSeS.