El Juzgado Federal N° 1 de la provincia de Salta rechazó un recurso colectivo presentado por sectores autodenominados “pro vida”, que pretendía declarar inconstitucional la luego sancionada y promulgada Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Julio Leonardo Bavio, titular de este Juzgado consideró el planteo como “improcedente” ya que entendió que el Poder Judicial no puede suspender una Ley aprobada por otro poder del Estado.
Este rechazo se fundamentó en “virtud de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente ‘Thomas’ del 15/06/2010″, donde se explica que la invalidación de una norma sancionada por el Poder Legislativo es algo que excede a la competencia del Poder Judicial, y su inadvertencia dañaría el principio constitucional de división de poderes.
El mencionado fallo, citando a los jueces supremos, enfatiza que “no es válida la posibilidad de suspender o incluso derogar una norma legal con efectos “erga omnes””(que afectan a todos), ya que como este pedido no representa al pueblo de la Nación se llegaría “al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo no la han solicitado, sino que, incluso, podrían no compartirla.”
La demanda fue presentada por un grupo de dirigentes autodenominados “provida”, entre los que se encuentra la ex senadora María Cristina Fiore Viñuales, quienes en su argumento señalaron que la Ley 27.610 «elimina el deber estatal de protección del derecho a la vida de un número indeterminado de niños por nacer», y que estos niños no nacidos “tienen derecho intrínseco a la vida”.
Además, utilizando ideas conspiracionistas expresaron en el escrito que la Ley está al servicio de “concretar una política antinatalista propia de la agenda global y ajena a toda decisión soberana del pueblo argentino».
Por su parte Mónica Menini, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal de Salta, manifestó a Télam que «la IVE es una ley que ha sido largamente discutida en el Congreso Nacional», y denunció que «estos grupos siempre estuvieron en contra de la ampliación de derechos».
Además aseguró que en la provincia “ya habían pedido la inconstitucionalidad de los protocolos de la interrupción legal del embarazo por causales”, que estaban previstas antes de la promulgación de la Ley de IVE y que “la Corte Suprema de Salta ya había rechazado los pedidos. Dentro de la provincia ya tenían fallos en contra, por eso fueron a lo federal», aseguró.
Por último manifestó que «vamos a estar muy atentas a cómo se aplique la ley. Tenemos muchas herramientas desde el Estado, que esperamos que se fortalezcan, como el 0800 y otros programas de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y también el activismo que tiene un desarrollo impresionante en nuestro país»concluyó.
El número oficial para recibir información y denunciar ante un eventual rechazo a la práctica es 0800-222-3344, que corresponde a la línea de Salud Sexual y reproductiva del Ministerio de Salud.
Esta línea brinda información sobre métodos anticonceptivos, derechos sexuales, derechos reproductivos y marco legal vigente, obligaciones del sistema público de salud, de las obras sociales nacionales y provinciales y de las prepagas. Derechos de las personas LGTTIBQ, violencia sexual, violencia obstétrica, situaciones de pre y post aborto, interrupción legal del embarazo, entre otras.
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