La medida, que rige por 180 días, abarca los servicios de gas, luz, agua, telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable.
En el marco de la extensión del plazo del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para contener la pandemia de coronavirus Covid-19, el Gobierno nuevamente prorroga por seis meses la suspensión de los cortes de servicios públicos, de luz, gas, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, por falta de pago, al igual que vetó la inhabiliatación de cuentas bancarias por cheques sin fondos.
A través del decreto 543/2020, el Gobierno prorrogó «el plazo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 27.541 desde su vencimiento, y por un plazo adicional de ciento 180 días corridos. Es decir, se extendió por seis meses la reglamentación que faculta al Poder Ejecutivo «a mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario”.
Además, según establece el decreto 544/2020, se decidió ampliar el período por el que no se podrán cerrar las cuentas bancarias, inhabilitarlas o multar a las personas. De esta misma forma, tampoco podrán negarles créditos a quienes tengan deudas, en concepto de aportes y/o contribuciones. Tal como sostienen, «es necesario impulsar» este tipo de ayudas ante la difícil situación que atraviesa el país.
Según expresa el documento, «La situación económica producida por la pandemia a nivel mundial hace prever que el rechazo de cheques por falta de fondos habrá de incrementarse por efecto de esa situación y no necesariamente por un inadecuado uso del instrumento por parte de los libradores. La aplicación de las multas previstas para el caso de rechazo de cheques no solo no cumpliría su finalidad, sino que agravaría la situación de sujetos ya afectados por la coyuntura económica», y agrega: «El cierre de la cuenta e inhabilitación privaría a los agentes económicos afectados de un elemento esencial para poder desarrollar sus actividades, perjudicando la posibilidad de realizar y recibir pagos, con el consecuente daño al conjunto de la economía».
