Las condiciones específicas con las que la región atraviesa la pandemia parecen estar profundamente signadas por diferentes expresiones estatales de corte neoliberal que, en muchos casos, profundizaron durante décadas el empobrecimiento, la marginalidad, la pérdida de autosuficiencia y soberanía alimentaria; el “mínimo estado” provocó el colapso de sistemas de salud precarios en distintas partes de América Latina.
En contextos de pandemia, la comunidad y lo comunitario parecen ser la única trinchera desde la cual se forjan acciones de contención, defensa y autopreservación. En algunos casos, en articulación con el Estado, en otros, al margen de la estatalidad. Desde ese argumento, el periodista mexicano Milton Gabriel Hernández García escribe “Las señales de alarma están encendidas. No son pocas las voces que han insistido en que los efectos de la pandemia en América Latina son concomitantes a las contradicciones étnicas, de género y de clase. Hace unos días, el Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI) señaló que serán ellos quienes sufrirán de manera desproporcionada los impactos del COVID-19, principalmente debido a la precariedad en que ya vivían desde antes del inicio de la crisis sanitaria. Precariedad de hondas raíces históricas”.
Según el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), América Latina enfrenta “un reto adicional a encarar, pues gran parte de los habitantes viven en condiciones de vulnerabilidad extrema, incluyendo principalmente a los Pueblos indígenas. Condiciones que se traducen en altas tasas de desnutrición, inaccesibilidad a servicios de salud, precariedad de infraestructura y baja visibilización”. A escala latinoamericana, el FILAC identifica cuatro vulnerabilidades que afectan directamente a los pueblos originarios: a) los que se encuentran en aislamiento voluntario cuentan con sistemas inmunológicos mucho más fragilizados frente a agentes patógenos externos; b) los que habitan en centros urbanos suelen estar ubicados en barrios marginales, sin acceso a servicios básicos de agua o alcantarillado; c) muchos pueblos indígenas perdieron o debilitaron sus sistemas de vida originarios, cambiando sus patrones alimentarios, lo que derivó en un cambio de sus perfiles epidemiológicos y la aparición de nuevas enfermedades como la diabetes, presión alta, disfunciones gástricas, cáncer, entre otras; y d) en muchas regiones del continente, principalmente en tierras bajas, está enfrentando una fuerte epidemia de dengue y malaria, lo que ya de por sí afecta a las comunidades indígenas.
Por otro lado, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas señaló recientemente que la vulnerabilidad e inestabilidad social provocada por el nuevo Covid-19 se está profundizando, con mayor intensidad, entre aquellos individuos, comunidades y pueblos indígenas que, por diferentes razones, “se encuentran lejos de la comunidad, ya sean migrantes en las periferias urbanas empobrecidas y refugiados o desplazados internos por la violencia”.
“Para los pueblos indígenas, quedarse en casa es quedarse en la comunidad. La casa se extiende más allá de cuatro paredes, es la red de relaciones que han tejido en la urdimbre de la vida cotidiana, de la familia extensa, de los cargos comunitarios. Quedarse en casa significa hacer guardia en un retén para bloquear el paso a los fuereños, yendo más allá de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Me parece claro que, en estos momentos, los pueblos indígenas están tomando estas medidas no contra el Estado, sino porque tienen claro que si el COVID-19 los alcanza, las posibilidades de enfrentarlo son mucho más adversas a las que tienen quienes viven en las ciudades, que mal que bien, tienen mayor acceso al sistema público de salud y a la infraestructura hospitalaria que durante décadas socavó el orden corrupto y neoliberal”, explica Hernández García.
Fuente: CLACSO, OBSERVATORIO SOCIAL DEL CORONAVIRUS
