Tras las declaraciones del presidente Mauricio Macri, el interbloque Juntos por el Cambio decidió no obstaculizar la aprobación de la iniciativa, y busca dejar expuesta la interna de la oposición. Mientras Diputados debate la Emergencia Alimentaria, miles de manifestantes realizan una vigilia en las inmediaciones del Congreso.
Pasadas las 12:15, la Cámara de Diputados dio inicio a la sesión en la que se debatirá -tras varios meses de inactividad- el proyecto de Emergencia Alimentaria que consensuó la oposición para dar respuesta a la crisis económica y social que afecta a los sectores más desfavorecidos de la población, acelerada tras las devaluación del último mes.
Mientras en los alrededores del Parlamento militantes de organizaciones sociales se manifiestan por la aprobación, el oficialismo llegó al recinto con la voluntad de dar el debate y los votos para que la iniciativa pueda superar con éxito el trámite legislativo en la Cámara baja y obtener la media sanción.
El proyecto de emergencia alimentaria no fue debatido en comisiones por lo tanto necesitó del voto de los dos tercios de los presentes para poder ser debatido sobre tablas.
La propuesta que se debate en la cámara baja
La iniciativa que prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional y que propone aumentar en un 50% las partidas presupuestarias vigentes en 2019 correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición fue consensuada entre los bloques opositores y lleva las firmas de diputados del Frente de Todos, del Bloque Justicialista, del Frente Renovador, de los puntanos de Unidad Justicialista y los misioneros del Frente Renovador de la Concordia.
Además, faculta al jefe de Gabinete a actualizarlas trimestralmente, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro «alimentos y bebidas no alcohólicas» y la de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC y habilita al Poder Ejecutivo a «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».
Este miércoles, la Oficina de Presupuesto del Congreso emitió un informe sobre el impacto fiscal de la iniciativa en la que determinó que si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $10.489 millones. En tanto, si el incremento se calcula sobre los saldos de crédito no ejecutados al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $4.061 millones.
