El 22 de noviembre de 1949, el entonces Presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, firmó el decreto 29.337, estableciendo la gratuidad de la enseñanza universitaria, marcando un acontecimiento crucial en la Educación Superior en Argentina.
Luego en 2007, mediante la ley 26.320, se declaró este hito histórico como “Día de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria”.
El decreto de 1949 sostiene reconoce que el progreso de una nación depende en gran medida del nivel de educación de sus ciudadanos y destaca la importancia de que el Estado promueva el conocimiento en todas sus formas, respalde a los estudiantes y elimine cualquier barrera económica que pueda obstaculizar su acceso a la Educación Superior.
Este decreto tuvo un impacto inmediato en el aumento de la matrícula universitaria, pasando de 40.284 estudiantes en 1945 a 138.871 en 1955. Las universidades nacionales eliminaron los aranceles, permitiendo que los hijos de trabajadores y sectores populares accedieran a la educación superior.
Esta medida desafió las políticas elitistas, abriendo oportunidades para todos y eliminando la idea de una “universidad de élite”, a la que solo accedían las personas más adineradas. Se convirtió en una de las políticas de Estado más importantes, promoviendo la movilidad social al igualar las oportunidades de acceso.
La gratuidad de la enseñanza universitaria en Argentina sigue siendo una medida avanzada y socialmente significativa, en contraste con muchos países donde la educación superior es arancelada. En los últimos años, Argentina ha avanzado aún más en la creación de universidades nacionales públicas y gratuitas, brindando oportunidades a estudiantes de diversos sectores socioeconómicos.
«Hoy recordamos el inicio de la gratuidad en la universidad pública argentina, la única forma en que las clases populares pueden acceder a estudios universitarios. Tenemos que defenderla porque es la única forma de que en este país podamos seguir teniendo científicos de origen popular, personas que tengan vocación y tengan un espacio donde desarrollarse», comentó la docente e investigadora del INDyA – UNJu, María Zaburlín.
Por su parte, la Arqueóloga Vanesa Juárez, investigadora del INDyA-UNJU, dijo que la gratuidad universitaria permite una «universidad que convoca y se abre a diversas familias, de diversos orígenes».
«La gratuidad abraza a estas familias que no tienen posibilidades de acceder a estos altos estudios y queremos que siga así y se siga ampliando el número de primeros egresados en cada hogar».
Además, Nicolás Magro, señaló que la gratuidad de los estudios universitarios «permite el acceso a todas las personas de todas las clases sociales y, especialmente a los hijos de los trabajadores, permitiéndoles formarse y enriquecerse como personas.
«Estamos en un momento complicado y de lucha y debemos pelear por los derechos conquistados», agregó.
Hoy, que las universidades públicas, sus trabajadores y sus estudiantes están siendo atacados sistemáticamente, es importante recordar que la educación universitaria es un derecho fundamental que promueve la igualdad de oportunidades, el desarrollo y la libertad.
