El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez fue el autor de la primera presentación judicial contra el veto de Javier Milei a la fórmula jubilatoria. Según él, el decreto presidencial no estaba bien fundamentado.
Sobre el tema, Domínguez explicó: «Nosotros interpusimos una acción declarativa de inconstitucionalidad representando a un grupo de jubilados y jubiladas que tiene por objeto que se declare la inconstitucionalidad e incompatibilidad con los tratados de derechos humanos del decreto mediante el cual el Presidente Milei vetó la Ley de Movilidad Jubilatoria, sancionada por el Congreso, de esa manera, de forma regresiva que la ley se promulgara, se publicara, entrara en vigencia y se aplicara y garantizara un poco más, no mucho, pero respetara un poco más el derecho a la seguridad social de los jubilados y jubiladas que son un grupo vulnerable, especialmente protegido por la Constitución y por tratados sobre Derechos Humanos que tienen la misma jerarquía que la Constitución y que específicamente protegen los derechos de los jubilados y jubiladas y entre ellos el derecho a la seguridad social».
Al ser consultado por cuántos jubilados están representando, Domínguez aseguró: «Nosotros estamos representando a un jubilado y a una pensionada, esta es una presentación que tiene efectos solamente para el conjunto de jubilados que estamos representando, por eso es que como estamos trabajando pro bono, nosotros hicimos pública la demanda para que en todo el país, cualquier abogado y abogada pueda reproducir esa demanda y generar todos los procesos que sean necesarios, representando a jubilados, grupos de jubilados o asociaciones de jubilados y de esta manera tener mayor impacto a nivel nacional en cuanto a los argumentos y efectos de las presentaciones».
Sobre los contactos con asociaciones de jubilados por presentaciones futuras, Domínguez detalló: «Ya se van a hacer presentaciones en muchos lugares del país, nos estamos comunicando con muchos centros de jubilados, con abogados y abogadas, ya se están preparando, porque es muy sencillo tomar nuestra demanda y cambiar solamente a los actores, ya se están preparando demandas en todo el país, para replicarlas y que todos aquellos jubilados que quieran imputar el veto tengan esta posibilidad».
Domínguez también calificó de obscena crueldad el asado para celebrar el veto en Diputados: «No hay plazo porque es una acción contra un veto, pero si me parece que lo de el lunes el llamado ‘asado de los héroes’ que ayudaron a que el Congreso no se pueda insistir, la Cámara de Diputados con el proyecto se transforme en ley promulgada, fue un acto de una obscena crueldad, innecesario y que de alguna manera demuestra a todas luces cuál es la naturaleza de este gobierno con respecto a los sectores vulnerables, sectores diversos que compone la plural sociedad argentina».
Por último Domínguez adelantó los próximos pasos: «Vamos a esperar a lo que suceda en primera instancia, tiene que ser un proceso rápido, no hay prueba para producir, es un proceso de puro derecho, en donde el Estado contesta la demanda y el juez o jueza está en condiciones de poder resolver, si en primera instancia tenemos una decisión jurisdiccional desfavorable, vamos a ir per saltum directamente a la Corte Suprema de Justicia, porque será con creces la situación de gravedad institucional que es el requisito para poder llegar por esta vía, es decir no pasando por segunda instancia, sino directamente ante la Corte Suprema de Justicia, será con creces este requisito de la gravedad institucional, porque se están violando tratados sobre derechos humanos que le genera responsabilidad internacional al Estado argentino y se está afectando de manera directa e inmediata a un grupo vulnerable, históricamente desaventajado, sometido a discriminación en un tribunal como son los jubilados y jubiladas de este país y que esta ley era solamente un pequeño alivio, un pequeño respiro en esta situación de crisis humanitaria que están viviendo la gran mayoría de jubilados y jubiladas».
