Luego de la aprobación de la Ley de Movilidad Jubilatoria que sancionó el Congreso Nacional el pasado 22 de agosto, el presidente Javier Milei anunció que vetaría totalmente la norma. Para ello, el Ejecutivo Nacional dispone de 10 días y mientras tanto los legisladores planifican cómo procederán de suceder lo prometido por el presidente.
El veto presidencial es la facultad que la Constitución Nacional le concede al Presidente de la Nación para impedir que un proyecto de ley – aprobado por ambas cámaras del Congreso – se convierta efectivamente en Ley. El mismo establece que puede ser de forma total sobre todo el texto legislativo, o parcial, vetando solo ciertas disposiciones.
De esta manera, una vez que un proyecto es aprobado por la Cámara de Diputados y de Senadores, el Presidente tiene dos opciones: promulgar la ley o vetarla. Esta decisión debe ser tomada en un plazo de diez días hábiles desde sancionada la ley en el Congreso. De no actuar dentro de ese periodo, la ley se considera automáticamente aprobada.
En el caso de que una ley sea vetada, el proyecto vuelve a ingresar en el Congreso, donde será nuevamente tratada por ambas cámaras. En este caso, los legisladores tienen la posibilidad de insistir con la ley rechazada por el Presidente. De aprobarla nuevamente, le ley debe entrar en vigencia.
«La Ley es absolutamente racional y el Gobierno tiene infinidad de posibilidades más allá del veto», dijo a UnjuRadio Daniel Arroyo, diputado nacional por Unión por la Patria.
El legislador explicó que la nueva Ley sólo lleva las jubilaciones a la situación que tenían a fines del año pasado, «no se hizo un gran descalabro fiscal, sólo se les reconoce lo que perdieron los primeros meses del año».
Actualmente las jubilaciones se calculan mediante dos decretos presidenciales, el primero indica que se deben actualizar por inflación a partir del mes de abril, y el segundo otorga un 12,5% de incremento por lo perdido.
«La Ley dice que se actualiza un 20,6 porque esa fue la inflación anterior a abril, el Gobierno debería entender que esto es pura racionalidad y que los jubilados son los que más perdieron. Lo que se hizo es simplemente compensar lo que se perdió al inicio del año».
Según Arroyo, «están los votos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado» para sostener la ley en caso de que fuera vetada por el presidente, aunque consideró que «después del enojo va a reflexionar y no va a vetar la ley».
Por otro lado, se refirió a la situación que atraviesan las familias y, especialmente los comedores, «que dejaron de ser asistidos hace rato».
«Al principio los comedores le encontraron la vuelta, pero hoy nadie tiene con qué ayudar», dijo, y resaltó que la situación empeora con la desregulación del precio de las garrafas «en medio del invierno. Invierno más pobreza es la situación más crítica».
«Hay un fenómeno de implosión social, con gente agobiada y eso se traduce rápidamente en violencia. La situación es muy crítica, faltan alimentos en los comedores, el endeudamiento de las familias es muy grande por los altos intereses, y, también, la caída de la clase media».
Por eso «el Gobierno tiene que reaccionar asistiendo a los comedores, ayudando a desendeudar a las familias, por ejemplo con un interés diferencial para quienes se endeudan para comprar cosas básicas como alimentos», dijo Arroyo y sostuvo que, si bien la inflación tiene un ritmo menor, esto sucede con un «costo brutal: caída del empleo, caída del consumo, hambre, malnutrición, destrucción del aparato productivo».
