Finalmente, Federico Sturzenegger, extitular del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, jurará este viernes como ministro de Desregulación y Transformación tras la publicación de su nuevo cargo en el Boletín Oficial.
La incorporación de Sturzenegger al Gobierno apunta a “modernizar y liberar la mayor parte de las trabas que frenan al sector privado”. Es más, tendría una secretaría de “Desregulación Económica” con la intención de revisar área por área las normas que impidan el funcionamiento de la economía. Asimismo, buscará establecer marcos regulatorios más simples.
Fue uno de los arquitectos intelectuales de la Ley Bases y del DNU con el que Milei implementó las primeras reformas de esta gestión. Ahora llega a la Casa Rosada con el proyecto denominado “Ley Hojarascas”, el cual contiene, entre otras cuestiones, la derogación de centenares de normas que, a su entender, traban el crecimiento y desarrollo del país.
Según se detalló en el Decreto 585/2024, el nuevo organismo se encargará de “todo lo concerniente a los cursos de acción para la implementación de la desregulación, reforma y modernización del Estado en miras a redimensionar y reducir el gasto público y aumentar la eficiencia y eficacia de los organismos que conforman la Administración Pública Nacional, la transformación de gestión, la simplificación del Estado, el diseño y ejecución de políticas relativas al empleo público”.
Desregulación y Transformación del Estado se suma a Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad; Salud; Capital Humano. De esta forma, el Gobierno de Javier Milei pasa a contar con ocho ministerios.
Entre los objetivos particulares, el Poder Ejecutivo indicó que el ministerio buscará “eliminar tareas innecesarias, duplicadas y/u obsoletas”; elaborar “políticas tendientes a aumentar la competitividad, eliminar cargas burocráticas, facilitar el funcionamiento de los mercados, impulsar el crédito, disminuir regulaciones y controles, aumentar la libertad económica y disminuir los costos del sector privado y productivo, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional”.
