El vocero presidencial Manuel Adorni informó que el Ministerio de Economía dictó una «medida de cautela anticipada» para que las principales empresas de medicina prepaga «retrotraigan el valor de sus cuotas a diciembre de 2023 ajustadas desde allí por el Índice de Precios al Consumidor».
Adorni añadió que la decisión se tomó tras una denuncia por presunta cartelización y agregó que la Superintendencia de Salud presentará una medida cautelar para obligar a las empresas a retrotraer el valor de las cuotas y «devolver el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre».
En este sentido, según informó el gobierno nacional a través de un comunicado oficial, «en el marco de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó que existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país».
De esta manera, por disposición del Poder Ejecutivo, los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales no podrán superar el siguiente cálculo: la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por 1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023.
«Asimismo, las compañías de medicina prepaga deberán presentar información a la CNDC sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes», agrega, en detalle, la normativa.
Es en este contexto que las compañías de medicina están obligadas, a partir de hoy, a informar y brindar datos sobre sus precios y actualizaciones, sumado a la obligación de publicar en un plazo de 10 días hábiles «el texto completo de la medida de tutela anticipada en sus respectivos sitios web».
Las compañías aumentaron cerca de 200 por ciento sus precios en cuatro meses sin ningún control de parte del Gobierno. A eso se le sumó que la Secretaría de Comercio derogó una resolución que exigía un informe periódico a las empresas de medicina privada sobre el valor de las cuotas.
