Comunidades indígenas se dirigieron hasta la Legislatura de Jujuy para exigir el cese de la judicialización de los que luchan y pidieron a los diputados que se abstengan de tratar leyes vinculadas a la reforma parcial, acompañados en su reclamos por dirigentes gremiales.
Comunidades indígenas integrantes del Tercer Malón de la Paz marcharon este miércoles hasta la Legislatura de Jujuy para exigir el cese de la judicialización de los que luchan y pidieron a los diputados que se abstengan de tratar leyes vinculadas con la reforma parcial de la Constitución, entre ellas, «dar más facultades al Ministerio Público de la Acusación (MPA), el brazo ejecutor del Gobierno”.
Este jueves, nuevamente volvieron a marchar las comunidades hacia la Legislatura provincial en conjunto con los gremios estatales y las organizaciones sociales. Tienen pensado permanecer ante la Casa de Piedra durante la sesión.
Marcos pinto, presidente de la Comunidad Sayate a 60 km de Abra Pampa, manifestó su preocupación sobre los proyectos de ley presentados para avanzar en cuestiones aprobadas en la reforma, «tenemos el compromiso del Vicegobernador y de varios diputados en no avanzar con cuestiones que tengan que ver con la nueva constitución. Vamos a esperar frente a la Legislatura hasta que se lleve adelante la sesión»..
La movilización se realizó por las calles céntricas de la capital jujeña y contó con la adhesión de sindicatos de la Intergremial que coincidieron en la necesidad de “defender el derecho de peticionar y de protestar”, garantizado por la Constitución Nacional.
Silvana Llanes, representante legal de varias comunidades indígenas, indicó a Télam que “hay un compromiso previo con los legisladores de que no iban a tratar ninguna ley que reglamente la reforma inconstitucional de (Gerardo) Morales».
«En particular están tratando la (ley) que le da más facultades al MPA, el brazo ejecutor de todas estas criminalizaciones a nuestras hermanos de las comunidades, a los docentes y a todo el pueblo jujeño”, enfatizó.
Al referirse a la acción declarativa de inconstitucionalidad contra la reforma, que presentó el Ministerio de Justicia ante la Corte Suprema, señaló que «hay un plazo de 60 días en el cual el Gobierno de Jujuy debe contestar la demanda y exponer los fundamentos respecto al procedimiento y a los artículos que están siendo cuestionados”.
“En realidad cuestionamos toda la Constitución por cómo se dio, por el procedimiento ilegítimo en el cual se dio el marco a esta reforma y porque se hizo a espaldas del pueblo”, aseguró.
Finalmente, apuntó que tras las diversas protestas que se llevaron a cabo en rechazo a la reforma en Jujuy, “entre 70 y 100 hermanos están siendo criminalizados, entre ellos de comunidades indígenas, de sindicatos y de organizaciones”.
