A casi dos meses de las medidas de fuerza con cortes de ruta en reclamo de recomposición salarial y que luego se sumaron protestas contra la reforma constitucional de Jujuy, tanto dirigentes gremiales, sociales, docentes y trabajadores sociales continúan recibiendo multas contravencionales por haber sido parte de los reclamos en contra el ejecutivo provincial.
Olga Burgos, comunicadora social fue notificada este martes 8 de agosto en una causa contravencional por el simple hecho de visibilizar la situación que se vivió el pasado 17 de junio en Purmamarca, donde las comunidades originarias mantenían un corte de ruta y fueron brutalmente reprimidas por la policía en horas de la madrugada.
En la jornada del 17 de junio, la periodista brindó cobertura de la tensa situación que se vivió en el lugar, cabe recordar que hubo detenidos y heridos y entre ellos un joven de 17 años que perdió un ojo por una bala de goma que recibió durante la represión policial.
Olga Burgos en diálogo con UNJu Radio expresó “no soy una delincuente, soy una trabajadora social y desde hace 20 años que vivo aquí y desde el 2017 estoy ejerciendo mi trabajo involucrada en los conflictos sociales porque para eso nos prepararon y nos dieron las herramientas y es asi que me encuentro el 17 de junio en plena represión, filmando y tomando testimonios y demás y el día de ayer me mandan la contravencional a mi casa donde estaba con mi hija de 12 años que se asustó mucho».
Asimismo, contó que con la contravencional “me acusan de haber estado el 17 de junio a las 7 de la mañana en la ruta de Purmamarca obstaculizando el camino a las ambulancias y obstaculizando el camino a la comunicación”.
Con este accionar, la comunicadora social dejó en claro que esto es una persecución a todos lo que no estén de acuerdo con el gobierno provincial “yo ya me esperaba esto porque están persiguiendo a todos, la vez pasada en la represión se llevaron a dos colegas, le hicieron intimidación y le imputaron y es así que ya vienen por todo, por la libertad de expresión y por todo lo que registramos en contra del gobierno y de lo que salimos a visibilizar inclusive”.
También acusó al gobierno de hostigar a todo aquel que tenga participación en apoyo a las comunidades “los profesionales que se solidarizan llevando comida o abrigos al corte como la gente del INTA y de la UBA porque he visto como la gente se va a solidarizar y después la hostigan diciéndoles que le iban a sacar el trabajo que le van a mandar contravencionales como lo que están queriendo hacer con el predio del IPAF del INTA de Maimará, solo porque ellos se solidarizaron con las comunidades”.
Respecto al proceso contravencional dio a conocer que “ahora tengo que darle el poder a la abogada que me va a representar, el equipo de abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e ir a juicio porque me tengo que presentar y defenderme”.