En Jujuy, los docentes de toda la provincia llevan más de 5 días de medidas de fuerza a la que se sumaron otros gremios estatales y organizaciones sociales, por tal motivo el gobierno de Jujuy publicó el decreto 8464-G-2023 que modifica el artículo 113 de la Ley N° 5860 “Código Contravencional de la Provincia de Jujuy” para «garantizar en forma efectiva los derechos de libre tránsito y circulación», a la vez que actualiza el régimen de contravenciones y penas para respaldar facultades preventivas y punitivas.
En su artículo 1º refiere que “serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
También refiere a que cuando los protagonistas hicieren caso omiso a dicha intimación, el representante del Departamento Contravencional, los intimará para que de inmediato procedan a dispersarse para restablecer el orden y la normal circulación vehicular y peatonal.
En este sentido, la abogada Mariana Vargas analizó la medida que dispuso el gobierno que incrementa las penalidades para quienes infrinjan normas contravencionales y también se refirió a la reglamentación de la protesta en la reforma constitucional.
En principio manifestó que “el decreto 8464 es anticonstitucional porque regula sobre materia penal que está reservada al congreso de la nación, vivimos en un país que es la Argentina y donde las provincias se rigen por una constitución, por lo tanto cuestionamos primero el código contravencional, efectivamente teníamos el artículo 113 que ya penalizaba esto y tenemos un montón de causas contravencionales en las que yo participo donde se considera que es un escándalo una movilización, un reclamo o sea es una situación realmente de mucho absurdo, yo entiendo que cuando la ley ya te permite estas cosas también es una ley inconstitucional y el punto es que esta modificación al artículo 113 la hace el gobernador o sea el gobernador por decreto modifica una ley y eso también es un problema de inconstitucionalidad”.
Y explicó “esencialmente el problema es que no se puede criminalizar lo que es un derecho por nuestra Constitución Nacional, que es peticionar, manifestar y la libre expresión o sea esto es el ejercicio de un derecho que conquistamos, son décadas en las que venimos haciendo un balance y un análisis de lo que fue la dictadura y estos son derechos conquistados y no vamos a retroceder”.
Además, agregó “en relación a la cesantía, primero es que es inconstitucional, no hay forma de que en el derecho administrativo un decreto de un gobernador establezca que va a cesantearte porque participás de una manifestación y encima ellos también hacen manifestaciones, ellos también cortan el tránsito los que son oficialistas y a ellos no se los persiguen, entonces a todos le tenes que sumar un problema de discriminación y de persecución política”.
En medio de este escenario, donde cada vez se suman más personas a las manifestaciones que se llevan a cabo en distintos puntos de la provincia señaló “no han tenido mucho miedo, creo que hoy se expresa que el mamarracho va ser mamarracho y creo también que él (gobernador Morales) intenta intimidar, pero hasta ahí llega porque el pueblo está en las calles y al pueblo no lo vas a vencer con un decreto ilegal”.
En cuanto a la reforma de la constitución provincial expresó “es una reforma a espaldas del pueblo y represiva, pero seguimos teniendo la misma cuestión, por más que se intente legalizar, no podes legalizar en Jujuy esto, que es criminalizar la protesta, que es quitarnos derechos porque tenemos una constitución nacional que es la que sí nos garantizan los derechos que en Jujuy el gobernador Morales quiere prohibir, por lo tanto en la medida en que Jujuy siga siendo de Argentina, incluso la reforma constitucional va ser inconstitucional “.
Para finalizar dijo que “ya lo Federal también es algo a lo que vamos a tener que ir, pero después también está en cada uno de los expedientes en los que se pretenda perseguir, el artículo 113 no es nuevo o sea ya nos lo vienen aplicando y lo venimos enfrentando, sí es cierto que tenemos algunas condenas, pero la verdad que cuando vamos apelando lo vamos resolviendo, o sea ya la ilegalidad la traemos hace años y por más que está en la constitución provincial no se legaliza porque hay una constitución que es la de nuestro país”.
