Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la obra pública en Santa Cruz, una sentencia que para la vicepresidenta fue dictada por un «estado paralelo, una mafia judicial».
Tras escuchar la condena en su contra, la dos veces expresidenta emitió un mensaje a través de sus redes sociales y anticipó que en 2023 no será candidata a ningún cargo electivo, por lo que quedará sin fueros a partir del 10 de diciembre del año próximo.
«Me van a poder meter presa después del 10 de diciembre», afirmó la Vicepresidenta en la exposición que hizo a través de YouTube, en la que aseguró que la verdadera condena es el intento de proscribirla e inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos.
Los fundamentos del veredicto emitido hoy por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso serán dados a conocer el 9 de marzo de 2023, fecha a partir de la cual las partes podrán presentar sus apelaciones.
La sentencia quedará firme cuando se agoten todas las instancias, es decir, cuando la Corte Suprema haya respondido todos los planteos que le lleguen.
El TOF 2 absolvió además por mayoría a la expresidenta y al resto de los acusados en relación al delito de asociación ilícita por el cual los acusaron los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola: el voto en disidencia en relación a ese punto fue del juez Basso.
El tribunal también condenó al empresario Lázaro Báez a seis años de prisión como partícipe necesario de administración fraudulenta, en tanto que al exsecretario de Obras Públicas José López y al exdirector de Vialidad Nacional Néstor Periotti también los sentenció a seis años de cárcel como coautores del delito, a la vez que dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
De los trece imputados por este caso hubo tres que fueron absueltos: el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el expresidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP) Héctor Garro.
En tanto, el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner resultó sobreseído por extinción de la acción penal. Había sido acusado por supuesto incumplimiento de funcionario público.
Entre los condenados también estuvieron Juan Carlos Villafañe, exjefe de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP, 5 años de prisión), Raúl Pavesi (también ex AGVP, 4 años y medio) y José Raúl de Santibañez, del mismo organismo (4 años). A Raúl Daruich, responsable del Distrito 23 «Santa Cruz» de la DNV, la impusieron 3 años y medio de cárcel.
El TOF 2 decidió, además, «disponer el decomiso de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04)», según leyó el presidente del tribunal, Gorini.
La lectura del veredicto comenzó a las 17.31 y concluyó 17 minutos después en una sala de audiencias de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.
Mientras un grupo de manifestantes clamaba fuera del edificio por «Cristina presidenta», los imputados, sus defensores y los fiscales seguían la audiencia a través de la plataforma virtual zoom.
Tras la lectura del veredicto, el tribunal difundió una breve reseña de los fundamentos que serán dados a conocer el año que viene, en la que los jueces afirmaron que existió una maniobra para beneficiar a Báez y que para su concreción fue esencial su relación con la familia Kirchner.
Luego de a sentencia la vicepresidenta de la Nación expresó, en un discurso a través de sus redes sociales que la condena del TOF 2 no obedece a un «lawfare ni a un partido judicial», sino a una «mafia judicial», señalando que la «confirmación» de esa situación fue la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido.
«Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015; no voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces Presidenta y una Vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una ‘candidata condenada, con inhabilitación perpetua'», aseguró Fernández de Kirchner.
En un extenso discurso, la exjefa de Estado dio detalles de un entramado de acuerdos -plasmado en una conversación que se hizo pública días atrás- entre jueces, funcionarios macristas y empresarios para invisibilizar un viaje a la estancia del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido: «Si uno mira está todo el fuero federal: el penal, penal económico y el contencioso administrativo», dijo Cristina.
Dio detalles de los lazos familiares y vinculares entre los pasajeros, que se trasladaron a ese lugar patagónico en un avión del Grupo Clarín: Julián Ercolini (Juzgado Federal 10); Pablo Yadarola (Juzgado Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Juzgado Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (juez del Tribunal de Casación Penal, máximo organismo inmediato anterior a la Corte Suprema); Juan Batista Mahiques (Procurador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Tomás Reinke (exjefe de Legales de la SIDE); Jorge Rendo (CEO del Grupo Clarin); Leonardo Bergot (exagente de inteligencia de la SIDE); Marcelo D´Alessandro (ministro de Seguridad porteño) y Pablo Casey (director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino del CEO sobrino de Héctor Magnetto).
Para Cristina, eso quedó confirmado con la filtración del viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido, por lo cual el lunes el presidente Alberto Fernández anunció que instruyó el inicio de una causa penal y un expediente en el Consejo de la Magistratura.
«Estos jueces tienen que ver con el sistema que domina la Argentina», denunció la Vicepresidenta, y relató una serie de vinculaciones entre los pasajeros del avión a Lago Escondido y las causas abiertas en su contra, además de las publicaciones en lo que llamó un «periodismo unificado».
Sostuvo que la condena por administración fraudulenta con la obra pública «estaba escrita» y planteó: «No es que fuéramos clarividentes, ni adivinos», pero «si una causa en la cual un juez, el inefable (Julián) Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, 8 años después, la resucita cuando llega el Gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme».
«El Poder Judicial de Argentina actúa en articulación con los grandes medios, es el sistema que me condena a mí, que no va a tolerar que alguien no haga lo que ellos dicen», completó la exmandataria.
