La conducción del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el acuerdo por 30 meses con la Argentina para refinanciar la deuda por US$44.000 millones asumida por el gobierno de Mauricio Macri, lo que permitirá el desembolso inmediato de US$ 9.656 millones, de acuerdo con lo comunicado por el organismo tras la reunión de la Junta Ejecutiva.
El nuevo Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) comprende un programa de dos años y medio con el FMI, contempla cuatro años y medio de gracia y permite a la Argentina estirar el repago de la deuda con el organismo hasta 2034.
A su vez dicho acuerdo tendrá una duración de 30 meses en el marco del Servicio del Fondo Ampliado para Argentina por un monto de 31.914 millones de DEG, equivalentes a US$ 44.000 millones, o el 1.000 por ciento de la cuota del país en el FMI. La decisión de la Junta Ejecutiva permite a las autoridades un desembolso inmediato de 7.000 millones de DEG, lo que equivale a US$ 9.656 millones.
El programa de las autoridades respaldado por el FMI, que fue aprobado recientemente por el Congreso Nacional, tiene como objetivo fortalecer las finanzas públicas y comenzar a reducir la inflación persistentemente alta a través de una estrategia múltiple que implica la eliminación gradual del financiamiento monetario del déficit fiscal y una mejora monetaria y del marco de política cambiaria. También contempla medidas para fortalecer el mercado de deuda en pesos, la efectividad del gasto público, la inclusión laboral y de género, y la competitividad de sectores clave. Asimismo tiene como propósito brindar a Argentina una balanza de pagos y apoyo presupuestario respaldado por medidas diseñadas para fortalecer la sostenibilidad de la deuda, aumentar las reservas, abordar las brechas sociales y de infraestructura del país y promover el crecimiento inclusivo.
La decisión del FMI se basó en la «frágil situación económica, financiera y social de Argentina, que se ha visto agravada por la pandemia y, más recientemente, por los efectos colaterales de la guerra en Ucrania». Para sus directores, «una consolidación fiscal creíble, sostenida y favorable al crecimiento es clave para fortalecer la sostenibilidad de la deuda y discontinuar el financiamiento monetario del déficit fiscal».
Para ello, hicieron hincapié en la necesidad de «mejorar la eficiencia, la equidad y el cumplimiento del sistema tributario», así como «mejoras en la estructura del gasto, incluida la reducción de los subsidios energéticos costosos y no focalizados, al mismo tiempo que se expande el gasto en infraestructura». Además, remarcaron la necesidad de «proteger los programas de asistencia social bien focalizados y de una gestión prudente de los salarios y pensiones».
Por otra parte, subrayaron la importancia de «reducir la persistente alta inflación y reconstruir las reservas internacionales» y, para ello, «poner fin al financiamiento monetario e implementar el marco de política monetaria mejorado para generar tasas de interés reales positivas y alentar la demanda de pesos». Asimismo, indicaron la importancia de «mantener un tipo de cambio real competitivo y adaptar el marco de gestión de flujos de capitales para asegurar superávits comerciales, alentar las entradas de flujos a largo plazo e impulsar la acumulación de reservas».
En otro orden, pidieron «reformas estructurales que aborden las vulnerabilidades estructurales de larga data de Argentina», además de resaltar la importancia de «fortalecer el mercado de deuda en pesos domésticos; mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de sectores clave». Finalmente, destacaron la necesidad de «fortalecer el clima de inversión eliminando gradualmente las distorsiones económicas y brindando un marco regulatorio más predecible» y pidieron «mejorar la gobernanza, incluso impulsando la eficiencia y la transparencia del gasto público».
Tras advertir que el programa «está sujeto a riesgos excepcionalmente altos», reconocieron la «vulnerabilidad» del país a los «choques externos y las dificultades de implementación dada la compleja situación social y política». No obstante por otra parte, mostraron su «beneplácito» por el acuerdo de las autoridades de adelantar la primera revisión del programa y las instaron a recalibrar las políticas para «asegurar los objetivos fiscales y contener los efectos inflacionarios» del aumento de los precios de las materias primas.
En tanto, luego de admitir que los riesgos financieros y de reputación para el organismo no pueden mitigarse por completo a través de este programa, consideraron que se requerirán «más esfuerzos para cimentar la estabilidad y abordar los desafíos estructurales de larga data». En particular, coincidieron en que, en el mediano plazo, la Argentina deberá «fortalecer aún más la sostenibilidad de la deuda, reforzar el balance del banco central y su marco de gobernanza, y abordar las barreras regulatorias a la productividad, la inversión y el empleo formal». Algunos directores hicieron un llamado a las autoridades para incorporar algunas de estas reformas en el programa actual para aumentar su credibilidad, resaltó el FMI en su comunicado.
