El 25 de enero de 1997, hace 25 años, era asesinado el fotógrafo José Luis Cabezas, en la localidad de Pinamar.
Un año antes, el trabajador de prensa, que se desempeñaba en la revista Noticias (Editorial Perfil), había fotografiado al empresario propietario de la empresa OCA, Alfredo Yabrán, durante la cobertura de verano que realizaba junto al periodista Gabriel Michi para ese medio.
Yabrán encargó el crimen como represalia a aquella fotografía que tomó Cabezas y que era una de las pocas fotos públicas que hasta entonces había de él.
La emblemática foto de Yabrán caminando en la playa fue publicada en la tapa de la revista Noticias en marzo de 1996. La investigación judicial posterior determinó que el empresario tomó la revelación de su imagen como una afrenta que no estaba dispuesto a perdonar.
«Con su foto, José Luis logró ponerle rostro al personaje más oscuro y poderoso de los años ’90. Con esa foto reveló muchos de los secretos que el poder no quería que salieran a la luz», declaró el compañero y amigo de Cabezas, Gabriel Michi.
El delito fue perpetrado, según determinó la justicia, por una banda vinculada al empresario, y de la misma participaron policías de alto rango en aquel momento en la fuerza Bonaerense.
En ese sentido, un mes antes del crimen, el policía Gustavo Prellezo, condenado como uno de los autores materiales del hecho, se reunió con Yabrán en Buenos Aires, en las oficinas que el empresario tenía en Carlos Pellegrini al 1100.
En esa reunión, Yabrán le confió que quería «pasar un verano tranquilo sin fotógrafos ni periodistas», según lo que el oficial declaró luego ante la Justicia.
Prellezo, quien estaba al servicio de Yabrán, y un grupo de delincuentes conocidos como «Los Horneros», fue quien encabezó la autoría material del crimen.
El expolicía bonaerense fue condenado a reclusión perpetua en febrero de 2002, pero sólo pasó tras las rejas 13 años, pese a que la sentencia fue ratificada en las máximas instancias judiciales de la provincia y del país.
Actualmente, permanece en libertad condicional desde diciembre de 2017 y desde 2010 en su vivienda bajo el régimen de prisión domiciliaria. Se recibió en la cárcel de abogado y escribano e intentó obtener una matrícula, pero ante una denuncia presentada por la familia Cabezas, el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados la Capital Federal resolvió excluirlo en noviembre de 2020.
Los otros condenados por el asesinato fueron: Gregorio Ríos, el jefe de seguridad de Yabrán, condenado a perpetua como instigador del hecho y en libertad condicional desde 2008, quien administra unos campos cerca de Curuzú Cuatiá, Corrientes.
El expolicía Aníbal Luna, condenado a prisión perpetua y en libertad condicional desde 2017, vive en General Madariaga. Tuvo un régimen de libertad condicional muy laxo, tres días en la cárcel y tres en su casa. Al salir se dedicó a la albañilería y quiso ser entrenador de un equipo de fútbol infantil; al conocerse quién era, en el club lo declararon persona no grata y lo expulsaron.
Sergio Camaratta también gozó de un régimen de salidas tras ser sindicado por la Justicia como responsable de haberle hecho «un seguimiento» a Cabezas cuando trabajaba en Pinamar en el verano de 1997. Hace cuatro años murió por un cáncer.
José Luis Auge, que era el vínculo entre Prellezo y los “horneros”, recibió condena en el juicio que se hizo en 2004 pero quedó en libertad cuatro años más tarde.
Sergio González salió en libertad pero fue detenido de nuevo, primero por violar las condiciones de la libertad condicional y después por formar parte de una organización que tenía un laboratorio clandestino de metanfetaminas.
El comisario Mario Gómez, condenado por liberar la zona en la que ocurrió el crimen, recuperó la libertad en 2006 tras una decisión de la Cámara de Casación bonaerense, y está viviendo en Valeria del Mar donde trata de pasar inadvertido.
También de la banda de «Los Horneros», fue desvinculado de la causa Horacio Braga (quedó en libertad condicional diez años después del crimen, y a mediados de 2018 cumplió su condena con la Justicia), mientras que Miguel Retana, sentenciado a prisión perpetua en 2000, murió por una afección relacionada al SIDA en la cárcel un año después.
Por último, el juez federal de Dolores, José Luis Macchi, procesó y dictó prisión preventiva en mayo de 1999 para Yabrán como instigador del crimen.
Tras permanecer algunos días en condición de prófugo, el empresario postal se suicidó en un campo de su propiedad ubicado en Entre Ríos, donde permanecía oculto, antes de ser indagado por la justicia, que finalmente lo consideró el autor «mediato» del asesinato.
El 24 de enero de 1997 Cabezas concurrió a una fiesta que ofreció en su casa de Pinamar el empresario Oscar Andreani, junto a su compañero Gabriel Michi.
A las 4 de la madrugada el periodista se retiró y el fotógrafo lo hizo una hora después en el vehículo en el que se desplazaban, un Ford Fiesta blanco.
A la mañana siguiente, el cuerpo de Cabezas apareció adentro del auto quemado con alcohol, en una cava de las afueras de Pinamar.
El cadáver tenía sus manos esposadas y dos proyectiles de un arma calibre 32 alojados en la cavidad craneana.
El asesinato del fotógrafo develó vínculos entre el gobierno, políticos y empresarios, y cinco meses después del crimen debió renunciar el entonces ministro de Justicia, Elías Hassan: el funcionario había mantenido más de cien contactos telefónicos con Yabrán, a quien le había otorgado el reparto de la correspondencia de la cartera a su cargo.
La cobertura del caso fue tema excluyente para todos los medios del país y la foto del reportero gráfico acompañada con la leyenda «No se olviden de Cabezas» se convirtió en un símbolo de la denuncia contra la impunidad que unió en un mismo reclamo a organizaciones gremiales y organismos de derechos humanos.
