El 30 de diciembre de 2020 se sancionó la Ley 27.610 que amplió los derechos vinculados a la interrupción del embarazo.

Esta Ley regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar, y es de aplicación obligatoria en todo el país.

A partir de su sanción, las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce de gestación inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión, y cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud.

Asimismo, todas las personas tienen derecho a la atención post aborto más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones previstas por la ley, y al acceso a métodos anticonceptivos.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, resaltó que la ley 27.610 de IVE «es un paso histórico que amplió el marco de acceso a los derechos» que «cambia el día a día de las mujeres, lesbianas, varones trans, personas no binaries y niñas que se encuentran ante la situación de un embarazo no deseado».

Desde su entrada en vigencia en enero de este año, hubo un aumento de centros de salud que garantizan el aborto legal, pero aún persiste la desigualdad entre provincias en el acceso al derecho, de acuerdo con un monitoreo sobre aplicación de la norma y atención posaborto.

Se trata de una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, que puede consultarse en www.proyectomirar.org.ar.

El proyecto Mirar monitoreó en todo el país la aplicación de la Ley 27.610 de IVE y atención posaborto, a través de indicadores y de la experiencia de actoras clave de las políticas y de la provisión de servicios de aborto.

La línea 0800 222 3444 del Ministerio de Salud de la Nación de asesoramiento y derivación recibió 19.000 consultas sobre interrupción del embarazo entre enero y noviembre, cuando en los diez años previos respondió en total 17.302.

Esto significa un récord de consultas sobre la práctica, el incremento en la distribución de misoprostol, pero además la necesidad de mayor difusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos.

Los datos oficiales indican que fueron 32.758 las interrupciones de embarazos realizadas en condiciones seguras en el sistema público al 30 de noviembre de 2021.

También que hay 1.243 hospitales y centros de salud de todo el país que garantizan la práctica, lo que implica una aumento de la oferta de un 30% en el último año, tal como explicó el último miércoles la ministra de Salud Carla Vizzotti durante un desayuno con periodistas del que participaron su par de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la Secretaria Legal y Técnica de la presidencia, Vilma Ibarra.

La información de la Cartera de Salud también indica que se distribuyeron en todo el país 46.283 tratamientos de misoprostol, el medicamento autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar abortos, mientras que en 2020 la cifra total fue de 18.590 unidades.

Además la información oficial señala que 904 profesionles de la salud de todo el país recibieron capacitación espacializada, y se aprobaron tres protocolos nacionales para la atención de la IVE/ILE.

Para festejar el primer año de aborto legal se realizarán pañuelazos en todo el país, utilizando el pañuelo verde símbolo de la lucha por el acceso al derecho en la Argentina que se trasladó como emblema a otros países que reclaman ley o modificaciones en las normas sobre interrupción de embarazo.

Desde la Camapaña aún reclaman por el efectivo cumplimiento de la IVE en todo el territorio nacional, por educación sexual integral, por acceso a la anticoncepción, por la libertad de las presas por abortos y eventos obstétricos y por el sobreseimiento la médica criminalizada en Salta por garantizar un aborto legal.

«Nuestros pañuelos verdes siguen en alto. En cada ciudad del país abrazamos nuestra historia, la ley que escribimos juntas y la organización feminista que nos permite seguir avanzando en la garantía de nuestros derechos», sostienen en un comunicado.

El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad informó que participará del pañuelazo en distintas provincias, que realizará encuentros de debate y reflexión en la sede ministerial en el barrio porteño de San Telmo y anunció un conversatorio online de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Salud, Carla Vizzoti, funcionarias y referentas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, entre ellas, la reconocida activista Nelly Minyersky.

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