Antonio Gustavo Gómez, Fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, habló en UNJu Radio sobre el procesamiento de un ingeniero agrónomo por explotar laboralmente a trabajadores en un campo de Santiago del Estero. En este contexto, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán rechazó el recurso de la defensa del imputado. Las víctimas, entre las que había menores de edad, fueron rescatadas en un allanamiento realizado el 29 de noviembre de 2020. Realizaban tareas de «destronque» en «condiciones infrahumanas» y a cambio de un «salario irrisorio”.
En línea con el dictamen del fiscal general Antonio Gustavo Gómez, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán rechazó el recurso de apelación de la defensa y confirmó el procesamiento con prisión preventiva y el embargo de 1,5 millón de pesos dispuesto por el Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero respecto de un ingeniero agrónomo en orden al delito de trata de personas bajo la modalidad de captación, traslado y acogimiento agravado por ser más de tres las víctimas, porque algunas de ellas eran menores de edad, por haber abusado de su situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación respecto de 24 personas.
“En Santiago del Estero no es la primera vez que tenemos un caso de estas características, fue muy interesante ver cómo desde la administración pública, desde el Registro Nacional de Rescate (RENATRE) se aplicó por la línea 145 (línea habilitada para que todos los ciudadanos puedan comunicarse y denunciar casos como este) y se origine una investigación de estas características, cerca de 30 personas son las involucradas”, fueron palabras del fiscal general.
Seguidamente señaló “es un caso muy interesante, se ataca al centro de la contratación porque una de las modalidades para evitar justamente que se les abran causas penales de este estilo, es buscar lo que nosotros llamamos un palo blanco, un testaferro, alguien que les va a contratar a los empleados por el empresario que no se involucra en la cuestión laboral porque tiene un contrato con otra persona que es la responsable de todo, siendo maniobras para tener a los trabajadores en negro”.
“Este caso era una tarea de “destronque”, de limpiar un terreno donde les pagaban miserias. Finalmente, creo que la sentencia de la Cámara Federal es muy clara, detalla muy bien el destroce de los argumentos que reclamaban el sobreseimiento del empresario y sobre todas las cosas está preso”. El mismo se encuentra en instancias de llamado a juicio oral y público, “el hombre hoy está preso, es un ingeniero agrónomo, un empresario un hombre de mucho renombre”, puntualizó.
El caso
El caso se inició cuando una empleada de la delegación santiagueña del Ministerio de Trabajo de la Nación denunció ante la Línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, una posible situación de explotación laboral en un campo cercano a la localidad de Colonia Dora, a 50 kilómetros de la ciudad de Añatuya.
La situación se constató en una inspección conjunta realizada por la delegación Santiago del Estero del Ministerio de Trabajo y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), efectuada en el predio rural ubicado sobre la Ruta Provincial N°92, donde se encontraron 32 personas -una de las cuales sería menor de edad- que trabajaban en tareas de “destronque” y vivían en precarias condiciones, sin agua potable ni luz, en carpas improvisadas con palos y bolsas de nylon, trabajaban extensas jornadas y se les descontaba el costo de la comida de sus jornales. Además, ninguna de las personas estaba registrada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
A raíz de ello, el 27 de noviembre de 2020, personal de la Gendarmería Nacional tomó conocimiento de lo ocurrido y efectuó la denuncia ante la Fiscalía Federal N°2 de Santiago del Estero, a cargo de Indiana Garzón, que solicitó la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que encabezan Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.
El 29 de noviembre fue allanado el campo investigado y se rescataron a 24 varones, cuatro de los cuales eran menores de edad. Oportunamente, el titular del Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, procesó con prisión preventiva a un ingeniero agrónomo -que fue señalado como el propietario del predio rural- y a otro hombre que oficiaba de contratista como coautores del delito de trata de personas bajo la modalidad de captación, traslado, y acogimiento agravado por haber sido cometido abusando de las situaciones vulnerabilidad en las que se encontraban las víctimas; por ser más de tres el número de víctimas; por ser cuatro las víctimas menores de edad; y por haber logrado consumar la explotación de las 24 víctimas. Además dictó su embargo por la suma de 1,5 millón de pesos a cada uno. La defensa del ingeniero agrónomo apeló la decisión por considerar que “no cometió acción ilícita alguna, en razón que jamás contrató, ni tuvo contacto con los trabajadores rurales” y deslindó la responsabilidad en el otro imputado.
La decisión de la Cámara Federal
Al resolver la cuestión, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán -integrada por Marina Cossio, Mario Rodolfo Leal y Ricardo Sanjuan- rechazó el recurso de apelación de la defensa y confirmó el procesamiento con prisión preventiva del imputado y el embargo de sus bienes, por cuanto “los agravios manifestados por la defensa resultan insuficientes para desvirtuar las pruebas valoradas precedentemente”.
Para así resolver los camaristas sostuvieron que se probó que en el campo investigado “se corroboró la presencia de 24 trabajadores, cuatro de ellos menores de edad, realizando trabajos de destronque en condiciones infrahumanas, quienes trabajaban por un salario irrisorio, del cual les descontaban la comida. Sin infraestructura para dormir ni sanitarios, mucho menos elementos de seguridad, así trabajaban estos ciudadanos. Que aprovechándose de su necesidad económica y alto grado de vulnerabilidad, el imputado C. conociendo las condiciones en las que se encontraban los trabajadores, no intentó siquiera mejorar su situación sino que todo lo delegó en el contratista M.”
Agregaron, además, que el propio imputado manifestó “conocer la situación de precariedad en la que se encontraban los trabajadores, delegando la responsabilidad en el contratista M. Que visitaba el campo una vez por mes pero no prestaba atención a la situación en que se encontraban los trabajadores y reconoce ser socio de la Sociedad Viento del Sud SA, propietaria del campo en cuestión”.
