En 1999 se estableció el 23 de septiembre como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niños y Niñas, en la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres, realizada en Bangladesh.
La elección de la fecha no fue arbitraria: el 23 de septiembre de 1913 se promulgó en nuestro país la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil.
Además con la aprobación de la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, modificada en el año 2012 por la Ley N° 26.842 e incorporada en el Código Penal argentino como legislación complementaria, se creó un modelo para la región y el mundo en términos de estándares de combate a la trata de personas y de garantía de los derechos de las víctimas. De esta manera se da cumplimiento con el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños” adoptado por las Naciones Unidas en el año 2000.
A nivel mundial, se estima que alrededor de 1,8 millones de personas pueden ser víctimas de explotación sexual y tráfico de personas, delito que en rentabilidad y magnitud es equiparable al tráfico de drogas y de armas, y consiste en una violación de los derechos humanos.
La explotación sexual se define como cualquier tipo de actividad en que una persona utiliza el cuerpo de otros/as sean adultos/as, niños/as o adolescentes para sacar un provecho de carácter sexual y/o económico, basándose en una relación de poder.
A su vez, la trata de personas es considerada una forma moderna o contemporánea de esclavitud, y es una de las formas de violencia más brutal y extrema porque despoja a las personas, mujeres y niños, de su dignidad y humanidad, lo que la convierte en una de las más graves violaciones de los derechos humanos.
En el marco de esa conmemoración se llevó a cabo una jornada de prevención e información por parte de distintas organizaciones, en el Paso Internacional La Quiaca- Jujuy donde se concretaron reuniones con el área de Migraciones y Sanidad Fronteriza.
Esta actividad se cumplió también en la Ciudad de Abra Pampa, Tres Cruces y Humahuaca.
Al respecto UnjuRadio dialogó con la Titular de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT) Argentina, Viviana Caminos, quien expresó que la jornada “tenía que ver con responder a todo un avance que hay en los últimos años de un discurso reglamentarista, pidiendo que se regulen los prostíbulos y que funcionen legalmente, con un discurso muy atractivo pero muy escondedor de cosas que están atrás y que no se dicen”.
El discurso al que hace referencia Caminos se basa en un proyecto de Ley creado por AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina), que en su texto define al trabajo sexual como “la actividad voluntaria y autónoma de ofrecer y/o prestar servicios de índole sexual, a cambio de un pago, para beneficio propio”.
El texto de la norma prevé entre sus artículos la implementación de una habilitación para ejercer el trabajo sexual que debe otorgarse con el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) ser mayor de edad;
b) no tener impedimento legal para trabajar en el país;
c) tener habilitación para el ejercicio del trabajo sexual autónomo.
Además, establece la realización de un curso para la habilitación que “debe asegurar, como mínimo exigible, contenidos relativos a nociones básicas sobre: derechos humanos, derecho constitucional, derecho laboral, y derecho penal; prevención de adicciones; salud sexual, e infecciones de transmisión sexual”.
Caminos sostiene que estos discursos “son engañosos” y que en la Jornadas “le dimos la palabra a personas que son sobrevivientes de prostitución y tratamos de desmitificar que la única palabra sobre la prostitución sea la de AMMAR”.
AMMAR es un sindicato que agrupa a trabajadoras y trabajadores sexuales mayores de edad que ejercen por voluntad propia el trabajo sexual y que pretenden reglamentarlo con el objetivo, no solo de crear mejores condiciones para estos/as trabajadores/as, sino que, mediante la reglamentación de la actividad, se ayude a la lucha contra la explotación sexual y la trata, al impedir que existan “mediadores “en el ejercicio del trabajo sexual.
Mediante el registro voluntario se propiciaría el empoderamiento de las personas que ejercen la prostitución, otorgándoles los derechos que corresponden a todos los trabajadores, y se conseguiría visibilizar las situaciones de explotación.
Aunque Caminos señala que estas/os trabajadoras/es sexuales consideran que en Argentina se criminaliza a las personas que ejercen la prostitución, en el proyecto antes mencionado se indica que “en nuestro país, el trabajo sexual es una actividad lícita, siempre que sea efectuada por personas mayores de edad, en forma voluntaria y en beneficio propio”.
En consonancia, se ha expresado: “El simple ejercicio de la prostitución por parte de la mujer u hombre, en forma individual e independiente, no constituye delito, a diferencia de la explotación de la prostitución por parte de quienes regentean o administran los sitios donde se ejercita o facilita dicha actividad”.
De esta forma, para el sindicato de trabajadoras sexuales, el cuestionamiento radica principalmente no en la criminalización mediante una normativa, sino en el hecho de que, aun cuando esta actividad resulta lícita, “no son pocas las personas que por diversos prejuicios morales, o bien por mero desconocimiento de la temática, de manera continua estigmatizan y discriminan a quienes han optado por el ejercicio de esta actividad, llegando al gravísimo caso de confundir incluso el trabajo sexual con actividades ilícitas como el proxenetismo o la trata de personas, generando que se persiga de manera ilegítima a este sector de la población trabajadora”.
Por otro lado, para la representante de RATT, la primera respuesta para avanzar en erradicar la trata de personas “es la prevención, porque sabemos que el inicio es cuando son niños y adolescentes”.
Por ello es importante subrayar “el papel de los adultos cuidando a esos niños y adolescentes que pasan por distintas instituciones, como la escuela, clubes, iglesias”, y que muchas veces “en ninguna se detecta lo que le está pasando”.
Asimismo se refirió a la importancia de generar políticas públicas para atender la problemáica: “el estado no puede creer que la única solución que tiene una mujer o travesti pobre es la prostitución”, dijo.
“Es necesario que generen políticas públicas de inclusión, laborales de acceso a la vivienda”, ya que “una de las razones por las cuales las mujeres trans llegan a la prostitución es porque no pueden acceder al trabajo -formal-«.
Sobre la situación actual de la trata de personas en el país, Caminos manifestó que “durante la pandemia la modalidad de trata cambio e hizo que el reclutamiento fuera en la propia provincia, en los barrios cercanos, dentro del país, más que en el exterior”.
“Ahora estamos teniendo otra vez circulación y movimiento de mujeres que son víctimas de trata sexual y de trata laboral” detalló. En ese sentido, lamentó que la justicia este dando «poca respuesta» al tema.
Explicó que detrás de la explotación sexual y la trata de personas hay una organización criminal y es necesario que se investigue. Caminos planteo que “el accionar de la justicia es vergonzoso”. Por esa razón sostuvo que es necesaria “una reforma judicial feminista”.
Por último, señaló que este año “hubieron 1000 personas rescatadas” en el país y reveló que durante la pandemia “las victimas sufrieron más violencia”.
