La información fue confirmada por el Dr. Rodrigo Fernández Ríos, fiscal de ciberdelitos, que brindó detalles en UNJu Radio sobre los avances en el caso de corrupción y abuso sexual de menores, que incluyó el allanamiento de un conocido hotel ubicado sobre la zona de la vieja terminal.

Sobre el tema, el fiscal Ríos explicó: «La semana pasada estábamos con 24 detenidos, se detuvieron dos personas más y estamos a la espera que se fije la audiencia para hacer conocer la causa de la imputación y que se le designe un abogado. La mayoría de los imputados está por grooming, corrupción de menores y por abuso sexual».

Sobre cómo iniciaron la investigación, Ríos detalló: «Nosotros iniciamos la investigación por una denuncia de grooming, cuando se hace el análisis de las redes sociales, de las comunicaciones de la víctima, determinamos que había otros delitos, concretamente delitos de abuso sexual, corrupción de menores».

«A partir de esto, se inicia todo un trabajo de análisis de los chats de las distintas redes de la víctima, para determinar las personas que se comunicaban con ellas, a su vez también se solicitan informes a distintos organismos, por ejemplo a los bancos respecto a las titularidades de cuentas, las billeteras virtuales, titularidades de línea que se solicitaron a las empresas telefónicas, así se fueron armando el esquema de cómo fueron ocurriendo todos los hechos e identificando a las personas involucradas».

El fiscal Ríos también explicó el modus operandi: «Se contactaban a un perfil de Facebook o WhatsApp, con esta menor de edad y con otras menores, ofrecían dinero, distintos bienes a cambio de mantener relaciones sexuales».

Al ser consultado por el traslado de las víctimas, el fiscal Ríos aseguró: «Algunos de los sindicados, las iba a buscar en sus domicilios, a veces se dirigían desde el interior, de distintos barrios hacia el lugar del encuentro, en colectivos, taxis compartidos, había diferentes formas en las que se coordinaba el encuentro».

«En algunos casos utilizaban medios alternativos, como remises colectivos, colectivos, al tratarse de tantas personas vinculadas a la causa, había múltiples formas de llegar a la ciudad».

El fiscal Ríos reiteró que la causa no está caratulada como trata de personas: «El tema respecto a la competencia del fuero provincial, fue resuelto por un juez de control, entendemos que acertadamente se ha determinado que es la justicia de la provincia la competente, para que pase al fuero federal, tendríamos que estar hablando de un supuesto de trata de personas o algún otro delito de carácter federal, los delitos que hasta ahora tenemos constancia en esta causa son todos de jurisdicción de la justicia provincial».

«Hasta ahora no hemos encontrado víctimas que se puedan ajustar a los criterios de trata, cuando se hace un análisis de lo que es la Ley de Trata de Personas, se describe punto por punto cuáles son los requisitos para que se de este delito y hasta ahora no hemos encontrado ninguno de esos elementos».

Por último, el fiscal Ríos reiteró que no es conveniente hablar del número preciso de víctimas o personas vinculadas: «Hasta el momento de la investigación de varias víctimas, dar el número exacto no creo prudente porque seguimos realizando investigaciones y del análisis de todos los dispositivos que tenemos en nuestro poder, podemos llegar a identificar nuevas víctimas y también identificar a otras personas vinculadas a estos hechos, muchas veces se especula con el número de víctimas y puede hacer que se pongan en alerta otras personas que no hayamos identificado todavía».

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