La semana pasada se conoció un fallo de la Justicia Federal que ordenó a la provincia de Jujuy la restitución de la cancha y los terrenos expropiados en Caspalá, los cuales deben ser devueltos en las condiciones en que se encontraban.
La medida se logró después de un largo proceso de litigio, que inició luego de los hechos sucedidos en esa localidad el 18 de noviembre de 2022, donde se produjo una violenta represión contra los habitantes del lugar que se oponían a la construcción de una escuela en la cancha comunal y no en el predio dispuesto para tal fin. Ese día hubo 14 personas heridas y varios detenidos, en un pueblo cuya población total es de 350 personas.
«Está fue una lucha desigual, porque no tenemos igualdad de armas», dijo sobre el proceso Silvana Llanes una de las abogadas de la comunidad de Caspalá. La profesional explicó que con la investigación «hemos acreditado que los terrenos Finca Pozuelos es propiedad de la familia Apaza-Coronel y la Finca Santa Rosa, propiedad de Don Pablo Cruz».
Respecto a la construcción de la escuela que se pretendía realizar en ese predio, la abogada explicó que la comunidad ya dispone de un terreno para tal fin que fue donado por una familia en 1910, «y como nunca se construyó nada, se siguió usando para los sembradíos».
Sin embargo, en 2015, la Comisión Municipal compró esos predios «con el mismo objetivo: la construcción de la escuela», es decir, «la comunidad ya tenía un lugar especifico para hacer una escuela».
«La cancha tiene un contenido muy importante para esa comunidad, porque allí realizan todas sus celebraciones culturales, religiosas y deportivas. Todo Caspalá es un reservorio de bienes arqueológicos, tiene más de 1400 años y sus pobladores descienden directamente de los incas».
«La cancha ubicada en Finca Pozuelos es un bien cultural perteneciente a la identidad de la comunidad aborigen de Caspalá», dijo.
De este modo, luego de la investigación la Justicia determinó que «hay una infracción a la Ley de Patrimonio por robo y destrucción y también se va a investigar qué pasó con los fondos con los que supuestamente se iba a construir la escuela».
Ahora hay un acuerdo homologado por la Justicia Federal, «que es muy importante porque reconoce el daño que se produjo». Los dos terrenos deberán ser restituidos tal cual se encontraban en 2022.
«Este es un primer paso para todo lo que se viene y ahora vamos por los responsables de todo este desastre», finalizó.
