El Gobierno nacional otorgó discrecionalmente un aumento del 270% del presupuesto para gastos de mantenimiento a la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando por fuera de la actualización indispensable para sostener el funcionamiento, a las demás Universidades Nacionales distribuidas en todo el país.
Ante esta determinación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) consideró «inadmisible y provocador» que se otorgaran fondos «solo a una universidad y no a la totalidad del sistema». Además, a través de un comunicado, desde el Consejo Directivo del organismo sostuvieron; «No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda. Por lo tanto, habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación».
Al respecto, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, expresó que «pensábamos que la UBA iba a ser el mascarón de proa para un arreglo para todas las universidades, pero la desazón vino cuando el gobierno dijo que era sólo para la UBA y que no iba a haber aumento para el resto de las 60 universidades del país».
El rector aseguró que esta medida demostró que «en primer lugar: teníamos razón, no alcanzaba la plata para sostener a las universidades. En segundo lugar: la plata apareció«.
Además, explicó que «no hay ningún argumento por parte del Gobierno para haber tomado esta decisión» y que «en privado dicen que el aumento es necesario, pero en público nos señalan con el dedito».
«Nosotros siempre tuvimos la buena voluntad de dialogar, pero la situación está difícil y no hay otro diálogo posible más que se otorgue el mismo porcentaje al resto de las universidades».
El presidente del CIN sostuvo que el Gobierno «debería explicar esta verdadera injusticia de tener estudiantes de primera y estudiantes de segunda en un país donde todos deberíamos ser iguales».
«El gobierno hizo lo que hizo sabiendo el daño que iba a causar«, aseguró y señaló que desde el CIN esperan ser convocados a dialogar y que, a partir de la próxima semana, se continuará con dos medidas: la primera tiene que ver con la cuestión legislativa:
«Necesitamos una Ley de Financiamiento Universitario, porque estamos en manos de personas que no entienden, no comprenden, no quieren aprender y no quieren escuchar, y están haciendo este desastre. Si tenemos una ley que asigne a cada universidad lo que le corresponde se acabó el problema».
La otra medida es la judicial: «estamos evaluando el camino judicial porque no sólo no hay mantenimiento de las universidades, sino que hay discriminación».
