Hoy se cumplen 20 años del 20 de diciembre de 2001, el día en el que el ex presidente Fernando de la Rúa firmó su renuncia y salió en helicóptero de la Casa Rosada, dejando al país inmerso en su más grande crisis económica, sacudido por un estallido social con movilizaciones espontáneas y saqueos que había dejado 39 muertos en las calles, producto de la represión y el Estado de Sitio que él mismo había decretado.

El final del gobierno de Fernando de la Rúa marcó el cierre de una era económica: el modelo cambiario de la convertibilidad, vigente desde 1991 por decisión del gobierno de Carlos Menem y Domingo Felipe Cavallo como ministro de Economía, que establecía que por cada dólar que ingresaba a Argentina se emitía un peso, lo que obligaba al país a tomar deuda en moneda estadounidense para sostener el circulante.
Decidido a mantener ese sistema, De la Rúa buscó en instrumentos como el «blindaje» y el «megacanje» la forma de obtener financiamiento. Una secuencia de medidas económicas que significaron un ola de quiebras y un duro golpe al bolsillo de los ciudadanos, ahorristas, consumidores, inversores y las arcas del Estado. Aún así no lo logró y la inestabilidad de la economía se acentuó en los comienzos de 2001.
El denominado «corralito» marcó el inicio del fin del gobierno de Fernando de la Rúa, y si bien se diseñó para intentar salvar el modelo de la Convertibilidad (basado en la paridad 1 a 1 del peso con el dólar) frenar la caída de las reservas, y evitar un default, sus efectos ocasionaron todo lo contrario.

Con el propósito de aferrarse a su promesa de mantener la convertibilidad y evitar una devaluación, De la Rúa acudió a Cavallo, «el padre de la criatura». En sus primeros meses de gestión, Cavallo logró un aparente respiro, cuando en junio del 2001 la salida de depósitos se aminoró en función de la reprogramación de la deuda pública conocida como «megacanje», pero sus beneficios tuvieron un corto alcance.

Una vez más, la Argentina acudió al FMI para solicitar una ampliación del acuerdo de «stand by» pero tampoco así se frenó la fuga, como tampoco lo hizo un nuevo canje de deuda en dólares «compulsivo», por préstamos garantizados bajo ley nacional, a fines de noviembre, para las AFJP y bancos, entre otros.

El ultimo manotazo de ahogado resultó, entonces, el «corralito», que estableció el 2 de diciembre de 2001, un límite de 250 pesos semanales para el retiro de fondos bancarios. 

El sábado 1 de diciembre, luego del cierre de una semana llena de versiones, corridas bancarias y un clima generalizado de desconfianza en la City porteña, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunciaba el congelamiento de los depósitos en dólares existentes en los bancos, que sumaban 16.000 millones de dólares en cajas de ahorro y alrededor de 42.000 millones en plazos fijos.

Con el «corralito» se buscó ponerle un tapón a la fuga de depósitos que había comenzado en octubre de 2000, en medio de la crisis política que generó en la administración de La Alianza con la renuncia del entonces vicepresidente, Carlos ‘Chacho’ Alvarez.

Hacia fines de ese año, los gobiernos provinciales, escasos de dinero, comenzaron a instaurar las denominadas cuasimonesdas para pagar sueldos y contratos a proveedores. Eran una especie de bonos, que se usaron como moneda corriente para intercambio de bienes.

Entre 2001 y 2003 se habían emitido cuasimonedas por el equivalente a 2.500 millones de dólares, que fue finalmente el costo del rescate que pagó el Gobierno nacional para terminar con esos instrumentos, de los cuales el más difundido fue el Patacón, emitido por la provincia de Buenos Aires.

Entonces la gente formaba largas colas ante las entidades bancarias y cajeros automáticos en medio de un descontento cada vez más creciente.

En ese contexto,las dos CGT y la CTA convocaron un paro general el 13 de diciembre, que tuvo un alto acatamiento, y si bien las organizaciones sindicales no habían convocado a movilizarse, se produjeron manifestaciones de empleados estatales en Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, donde se registraron algunos incidentes.

El Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo), formado por organizaciones gremiales y sociales convocó el 13, 14 y 15 a una consulta popular para establecer un seguro de desempleo y formación que incluía el pago de un salario de 380 pesos mensuales y se recolectaron casi tres millones de votos.

Las manifestaciones y cortes de ruta comenzaban a propagarse y en esos días, vecinos de Godoy Cruz y la ciudad de Mendoza ingresaban de forma pacífica a los supermercados y se llevaban alimentos.

Situaciones similares se vivieron en Santa Fe, Entre Ríos y Avellaneda, con grupos que se apostaban en las puertas de los centros comerciales y tras negociar con los propietarios obtenían bolsos de provisiones y se retiraban sin producir incidentes, ante la mirada atenta de los efectivos policiales y personal de seguridad.

El 18, se produjeron los primeros saqueos de supermercados y comercios en San Martín, Moreno, San Miguel y zonas postergadas de San Isidro, en lugares donde los vecinos no habían podido acordar una distribución de alimentos.

Al día siguiente, el miércoles 19 de diciembre, la situación se generalizó y los saqueos se sucedieron en localidades del conurbano y en varias ciudades del interior del país como Rosario, Córdoba, Mendoza, Concepción de Uruguay, Paraná, Resistencia, Neuquén, Bariloche y Comodoro Rivadavia, y se dirigían también ante comercios medianos y pequeños.

Los medios de comunicación reproducían imágenes de vecinos que entraban a los negocios y de comerciantes llorando de impotencia ante los saqueos, mientras las fuerzas de seguridad empezaban a reprimir estas manifestaciones.

Siete muertos cayeron en esa jornada a manos de efectivos policiales y comerciantes que disparaban contra quienes pugnaban por alimentos.

Mientras tanto, en el atardecer de esa ardiente jornada, las calles del conurbano se iban despoblando, las persianas de los negocios se cerraban y los policías de la bonaerense recorrían los barrios alertando a los vecinos sobre la inminente llegada de hordas de saqueadores que iban a llegar de tal o cual lugar para arrasar con todo.

Por la noche, De la Rúa habló por cadena nacional y pronunció un discurso elaborado por su hijo, Antonio -de gran influencia en la marcha del gobierno–, y decretó el Estado de Sitio en todo el país.

Las palabras del mandatario despertaron un sentimiento de incredulidad e indignación en buena parte de la población, que comenzó a ganar las calles de Buenos Aires, haciendo sonar cacerolas y objetos metálicos entonando una consigna que se convertiría en el himno de aquellos turbulentos días: «Que se vayan todos/ que no quede/ ni uno solo»…

Una multitud marchó sobre Plaza de Mayo, desoyendo el anuncio de De la Rúa, y manifestaciones similares se reproducen en ciudades, localidades y barrios del país.

En la Residencia de Olivos, un grupo de manifestantes trepó los muros de la quinta y permaneció en la medianera, insinuó ingresar pero fueron disuadidos por la custodia presidencial.

En la madrugada, la Policía Federal lanzó gases y desalojó la Plaza de Mayo, y un hombre, Jorge Demetrio Cárdenas, cayó baleado en las escalinatas del Congreso y moriría meses después como consecuencia de esas heridas.

Entrada la madrugada, Domingo Felipe Cavallo presentó a De la Rúa su renuncia indeclinable y pidió garantías sobre su seguridad, mientras un numeroso grupo de vecinos se concentra a las puertas del edificio en el que vivía, en Libertador y Ortiz de Ocampo, para repudiar su gestión.

Los manifestantes se disgregaron en la noche, y en la mañana del 20 comenzaron a llegar de forma progresiva al centro porteño y la Plaza de Mayo, y pasadas las 9, se produjo la primera de las muchas cargas de la Policía Federal sobre la multitud.

Esa escena de una multitud que avanzaba y efectivos de la Federal que los reprimían se reprodujo durante toda la jornada, con motoqueros que circulaban por las calles para dificultar el accionar represivo.

A las 16, en medio del caos, la sangre y el fuego, De la Rúa anunció que le había ofrecido al Justicialismo –que un mes antes había colocado como segundo en la sucesión presidencial al misionero Ramón Puerta, al votarlo como titular del Senado nacional- compartir el gobierno como una forma de evitar la crisis.

Efectivos de la Polica Federal reprimieron durante toda la jornada El saldo de tantos de furia fue 39 muertes Foto Archivo Tlam

Efectivos de la Policía Federal reprimieron durante toda la jornada. El saldo de tantos días de furia fue 39 muertes.

Los líderes parlamentarios del peronismo rechazaron el ofrecimiento, y pasadas las 19, De la Rúa presentó su renuncia con una carta dirigida a Puerta.

Los incidentes seguían en las calles, y las 20, por consejo de sus edecanes, el presidente renunciante fue evacuado de la Casa Rosada en helicóptero hacia Olivos, en una imagen que terminaría por ilustrar el final de un gobierno y la crisis que lo envolvió.

De la Rúa volvió a Casa Rosada a la mañana siguiente, se reunió con el español Felipe González y cerca del mediodía se retiraba hacia un ostracismo político del que nunca podría retornar.

Con el aval de la Asamblea Legislativa, Puerta llegaría poco después a Casa de Gobierno, y se iniciaba un accidentado derrotero institucional que culminaría el 1° de enero de 2002 con la elección del exgobernador bonaerense Eduardo Duhalde como presidente.

Así, se sucedieron 5 presidentes en 11 días. Cuando el puntano Adolfo Rodríguez Saá fue designado presidente (cargo en el que permaneció durante ocho días), el 23 de diciembre por la Asamblea Legislativa, se declaró la cesación de pagos de la deuda externa y, de esta forma, el país ingresó al default.

La medida afectó inicialmente a U$S 61.803 millones en bonos y títulos públicos bajo legislación extranjera, y a otros U$S 8.030 millones de otras obligaciones. En cambio, se mantuvieron los pagos con organismos multilaterales -U$S 32.400 millones- y los recientemente emitidos préstamos garantizados U$S 42.260 millones emitidos a bancos en el país y AFJP locales.

El 3 de enero de 2002, bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, quien resultó el quinto presidente en menos de 15 días, se anunció que «la devaluación estaba descontada», y el encargado de implementarla fue el entonces ministro de Economía, Remes Lenicov.

Duhalde confirmó la devaluación apenas un día después de haber pronunciado su memorable frase en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa: «El que depositó dólares recibirá dólares».

En tanto, las reservas del Banco Central eran de 9 mil millones de dólares, regían 14 tipos de cuasimonedas (el 65 por ciento del dinero circulante) y los bancos se encontraban «destruidos», según reconocía el propio Remes Lenicov.

El 6 de enero de 2002 se derogó la Ley de la Convertibilidad, que había estado en vigencia desde 27 de marzo de 1991.

En febrero de 2002, el Gobierno de Duhalde decidió convertir compulsivamente a pesos los depósitos bancarios en moneda extranjera, a una tasa de $1,4 por dólar.

Adicionalmente, se instauró el denominado «corralón», por el cual los depósitos a plazo constituidos hasta fines de 2001, incluyendo los pesificados y los originalmente pactados en pesos, fueron transformados en depósitos de plazo extendido, con vencimientos parciales que llegaban hasta 2005, lo que desató una ola de protestas ante las Justicia.

Asomó así una nueva economía, que tardó tiempo en ordenarse, y que le costó una deuda adicional al Estado argentino de casi 30.000 millones de dólares, en entre 2002 y 2005.Paradójicamente en este tiempo, el FMI pasó de ser prestamista de última instancia a cobrador de primera instancia.

En abril el 2002 tomaba la posta en Economía, Roberto Lavagna, quien negoció con el organismo un nuevo acuerdo bajo la presidencia de Néstor Kirchner y concretó tres años después la primera reestructuración de la deuda en default.

El nuevo modelo económico basado en la flotación administrada, comenzó a dar frutos a partir de 2003, cuando se logró, por un lado, algo inédito en la historia argentina reciente: el pago total de la deuda con el FMI, concretado a fines del 2005 por iniciativa de Kirchner.