El servicio de colectivos que atraviesa el AMBA podría verse afectado por medidas de fuerza, que aún no tienen fecha precisa, según advirtió la cámara del sector.
Las cámaras empresarias que agrupan a las líneas de transporte público de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) informaron que podrían decidir la suspensión de servicios por la «falta de pago» de los subsidios correspondientes por parte del Estado.
En un comunicado, las entidades empresarias consignaron que «ante el brusco aumento del combustible, la devaluación que impacta de manera directa en la mayoría de los insumos y repuestos, y la escasez de recursos con los que cuenta el sector, producto de un cálculo de costos realizado con precios de septiembre, y además subvaluado en su origen con los principales parámetros de cálculo subestimados, las empresas operadoras se encuentran realizando restricciones de servicios de diferente magnitud según las posibilidades de cada una, de manera de evitar una paralización total y abrupta por falta de recursos».
El comunicado que lleva la firma de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (Ceap), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Bs.As. (Ceutupba) puntualiza que «la falta de acreditación hasta el momento de las compensaciones tarifarias correspondientes al saldo del mes de noviembre pasado, genera una incertidumbre adicional con relación al pago del aguinaldo que debería realizarse el próximo lunes 18 de diciembre».
Por su parte, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), anunció «la reducción de los servicios a los mínimos operativos indispensables y la suspensión de los servicios nocturnos desde las 21:30 horas y hasta el primer servicio diagramado al día siguiente».
La Fatap sostuvo que asimismo, el impacto generado por las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, que devaluara la moneda de curso legal en un 55%, afectando los precios del combustible a precios mayoristas que en el interior a partir de la fecha se abonan a $ 1.000 por litro, resulta necesaria la restructuración de los servicios hasta tanto se cuentan con medidas que permitan la sustentabilidad de estos».
