Con 38 votos a favor y 27 en contra, se aprobó el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias que crea un tributo sobre los ingresos más altos que comprenderá a quienes cobren haberes superiores a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) mensuales.
El Senado sancionó la ley que modifica el Impuesto a las Ganancias, elevando el piso del Mínimo No Imponible a casi dos millones de pesos, lo que equivale a quince salarios mínimos, vital y móvil y que regirá a partir de 2024.
Con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que bajó al recinto al momento de la votación, la iniciativa recibió el respaldo de 38 votos, aportados por el Frente de Todos, sus aliados y Unidad Federal, en tanto que Juntos por el Cambio se manifestó con 27 votos en contra, lo que generó la algarabía general en los palcos poblados por sindicalistas, entre los que estaban Pablo Moyano y Sergio Palazzo, que instantáneamente se pusieron a cantar La Marcha Peronista.
La iniciativa enviada por el ministro de Economía, Sergio Massa, reforma el impuesto a las Ganancias al crear un nuevo impuesto sobre los ingresos a partir de un monto equivalente a 15 salarios mínimos, vital y móvil (SMVM), con una alícuota progresiva sobre el excedente que va del 27% al 35%, que se actualizará de manera semestral en base a la evolución del SMVM.
En base a este esquema, los puntos principales del proyecto contemplan la creación de un nuevo «impuesto cedular sobre los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones de privilegio y otros».
De esta forma, quienes obtengan los mayores ingresos tendrán derecho a deducir únicamente, en concepto de mínimo no imponible, la suma equivalente a 180 salarios mínimos.
En el caso de los mayores haberes a 15 salarios mínimos vitales y móviles, las alícuotas irán desde el 27% hasta el 35%.
El proyecto también determina que se deberá considerar al comienzo del periodo fiscal el valor del SMVM vigente al 1 de enero y que la actualización será el 1 de julio de cada año fiscal.
Además, prevé que las retenciones realizadas sobre los mayores ingresos netos percibidos durante el primer semestre del año fiscal se ajustarán considerando el valor del SMVM vigente en julio.
Por último, la iniciativa estipula que en el caso de los trabajadores en relación de dependencia y para jubilados y pensionados comprendidos en el impuesto que vivan en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, en Buenos Aires, el mínimo no imponible se incrementará en un 22%.
El jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, afirmó que el oficialismo decidió «sostener el Estado presente» y agregó que «estos compromisos son Constitucionales».
«Ratificamos que el salario no es ganancia y reivindicamos la recuperación del salario del trabajador. Este es un proyecto, nada más, pero va a ayudar a que los trabajadores sean un poquito más felices», indicó.
Por el contrario, el radical formoseño, Luis Naidenoff, vaticinó que «todas las medidas que se adoptaron son de tinte electoralista y tan escandalosas que nos van a conducir a la hiperinflación».
«En esta casa que tenemos que defender a las provincias, las estamos sepultando y entregando fondos coparticipables», sentenció el senador y argumentó: «No puedo creer que la CGT aplauda una medida para los más ricos, cuando a 46 millones de argentinos los están aplastando con el impuesto inflacionario».
Al abrir el debate que comenzó a las 18.05, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, aseguró que «las modificaciones que plantea el proyecto de ley parten de un concepto de no considerar al salario como una ganancia sino como lo que es, una retribución al trabajo y, en el caso de jubilaciones, un haber de retiro».
Por el contrario, el vicepresidente de la Comisión, Victor Zimermann, de Juntos por el Cambio, aseguró que «este es un proyecto que significa una enorme pérdida de recursos para las provincias y por eso planteamos que tenemos que encontrar los consensos necesarios para realizar una reforma tributaria de fondo».
Su compañero de bancada, el radical porteño Martín Lousteau, advirtió que el costo fiscal de la medida hace que se «pierda 0,83 del PBI, o sea, duplicar el déficit del presupuesto del año que viene».
«Además, cuantos más pobre es la provincia y tiene salarios más bajos, menos beneficio local. ¿Eso es progresista, es equitativo? Porque cuando le sacaron la plata a la ciudad de Buenos Aires en plena pandemia dijeron todo lo contrario. Me asombra que en esta casa se esté votando así», precisó.
Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, reconoció que «algunas quejas sobre la situación fiscal de las provincias son entendibles», pero se manifestó «absolutamente orgulloso de que mi amigo el ministro haya tomado esta decisión, porque no cualquier toma esta decisión en el momento que estamos viviendo».
