El Dr. Vicente Casas , abogado y docente de Derecho Constitucional señaló que ve con mucha preocupación lo que viene ocurriendo con respecto a la reforma parcial de la constitución provincial , donde el oficialismo impone su postura sin escuchar ni dejar hablar a nadie . Hecho que se agravó con el decreto dictado por el gobernador el viernes último, donde se vulnera la constitución, provincial , nacional y la ley de contrato de trabajo. «Porque la ley puede ser reformada pero para la búsqueda del bien común pero aquí esto no se da en ninguno de los artículos que estamos viendo y todavía está la prepotencia que se utiliza en la comisiones de la Convención, llegan y dicen vamos a hacer esto y lo hacen, no dejan hablar a gente que eligió el pueblo y el pueblo los eligió para que hablen, entonces están cercenando la voluntad popular».Casas dijo que el partido justicialista fomentó esta situación cuando dio el quórum para declarar la necesidad de la reforma ,» también tiene su responsabilidad , hay un diputado que votó a favor de la reforma y que se escapó de la disciplina partidaria y no se lo censuró y así llegamos a una convención mayoritariamente del oficialismo, es una cuestión muy delicada , es la vida de las instituciones la que esta en juego. Las leyes con nombre y apellido están condenadas al fracaso».
El abogado señaló que todo lo que está sucediendo en la Convención es muy grave y se agrava más con el decreto que el gobernador saco el viernes último: «dictaron un decreto acuerdo que modifica el derecho a la protesta, lo hicieron de una manera grosera porque modifican la constitución de la provincia, la constitución de la nación y la ley de contrato de trabajo y este artículo que es el artículo 113 del Código Contravencional de la provincia.La verdad que llama la atención lo que hicieron , lo hicieron de una forma grosera cuando prevén penas importantes y incluso la inhabilitación para ejercer cargos públicos de hasta 2 años cuando el contraventor fuera funcionario provincial, nacional o municipal. Están reformando además el código penal porque una inhabilitación para ejercer cargos públicos la da el juez cuando hay un delito por ejemplo el delito de cohecho».
Casas insistió en la gravedad de lo sucedido porque el decreto fue refrendado con acuerdo de todos los ministros por lo que todos son responsables, también dijo que es una falta grave del fiscal de Estado, «porque cuando el fiscal de Estado ve que un decreto como este no se ajusta a la ley tiene el deber de plantear ante el Superior Tribunal de Justicia la inconstitucionalidad del decreto, pero si el decreto ha sido publicado en el boletín oficial es porque el fiscal de Estado ha tomado razón y está de acuerdo con esta barbaridad jurídica»,dijo.
Finalmente el Dr. Casas señaló que el camino que queda es recurrir a la Corte Suprema de Justicia después agotar las instancias de la vía judicial de la provincia».
