La Corte Suprema de Justicia solicitó informes y documentación tanto al Estado Nacional como a las provincias de Jujuy y Salta sobre las concesiones para la exploración de litio y borato. La medida se debe a un amparo ambiental formulado por comunidades de pueblos originarios.
Al respecto, el fiscal general de la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Gómez, señaló que la Corte ordenó a los gobiernos que informen sobre la extracción de litio, forma parte de un amparo judicial presentado por la comunidad de Santuario de Tres Pozos y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales por la explotación de litio en Salta y Jujuy.
En ese sentido, destacó: “La Corte Suprema por fin se va a ocupar del tema del litio que es un viejo reclamo de las comunidades y de los pueblos originarios que se viene haciendo de por lo menos diez años atrás. La verdad que con distintas variantes la Corte Suprema ha omitido tratar estos temas sobre todo la mega minería en la zona de Jujuy especialmente”.
Otro dato importante, añadió Gomez, es que la presentación por parte de la comunidad está patrocinada por la fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) que tiene muy buena llegada a las ONG con las cuales Lorenzetti trabaja, y también con llegada a la Secretaría de Ambiente de la Corte Suprema de justicia.
Con relación al fallo de la corte, Gomez recalcó: “Se le pide información al gobierno de Salta y Jujuy, información que es muy difícil de obtener porque los gobiernos son muy reacios a brindar esos datos, ponen excusas de todo tipo. Ahora hay una orden judicial, deberán presentar la información ante la Corte y eso podrá ser utilizado por todas las comunidades, porque van a ser datos públicos”.
En ese contexto, explicó que lo que le preocupa es que la FARN podría haber pedido como medida cautelar la suspensión de la producción de litio a las empresas que ya están produciendo, “si vas a hacer un amparo por lo malo que es litio, por el daño que está haciendo al agua y por toda la argumentación que se hizo, y cuando vas a ver la parte final en vez de pedir una medida cautelar que impida, que cancele, que prohíba seguir produciendo el litio hasta tanto esto no se resuelva, no lo pide”.
“Entonces uno empieza a dudar para qué se hizo esto, cuál es la mira para lo que se hizo. En la primera lectura es que esto no está hecho para prohibir la producción de litio. Este amparo lo que busca es detener las autorizaciones para la producción del litio, pero no prohíbe que las actuales empresas continúen con las actividades”, concluyó el fiscal Gomez.
