La delegación Jujuy del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia recibió la presentación que hizo la comunidad originaria de Caspalá por sentirse violentada y discriminada por las acciones que desde diciembre de 2022 viene sufriendo de parte del gobierno y la policía provincial.
“Como en muchos otros casos, desde el INaDi receptamos una nueva demanda de comunidades de Jujuy, que se sienten atacadas por el gobierno en sus territorios. Es por eso que, en el caso de Caspalá, nos hicimos presentes en la localidad para recabar información y testimonios del caso”, manifestó el abogado Walter Soriano, delegado en Jujuy.
Soriano contó, «recibimos a representantes de la comunidad, a Lucía Apaza, la vocal destituida por defender a los miembros de su comunidad, junto con referentes de los pueblos originarios que se acercaron por el hecho en el que ellos consideran que son discriminados, específicamente porque no están siendo atendidos en las legislaciones que tienen vigencia».
Con respecto a como van a proceder con el tema, el Delegado del INADI Jujuy dijo que «en un primero momento, tenemos un procedimiento interno que se asemeja a un procedimiento penal. Receptamos la denuncia, notificamos y llamamos a una audiencia. Luego, realizamos un dictamen de acuerdo a las pruebas que recolectamos y que nos hacen llegar. Desde un principio nos hemos puesto a disposición de la comunidad donde prácticamente se está violando muchos derechos en los bienes materiales del pueblo. Nosotros sacamos un comunicado haciendo referencia a la gravedad que existe hacia nuestros pueblo».
Por otra parte, Soriano dijo que «más allá de un espacio físico, esto es una cuestión de identidad de la vida, de la vida del pueblo. Sienten que de repente y sin escuchar su voluntad comienzan las construcciones. En ningún momento se dijo que no a la escuela, al contrario. Además, comenzaron a construir en el terreno apropiado y rompieron años de historia. Los objetos arqueológicos los encontraron porque ya empezaron a trabajar».
Según informaron del organismo nacional que, aunque las denuncias recibidas no tienen carácter sancionatorio para el denunciado expresaron que el recorrido de los trámites administrativos que siguen las presentaciones, “dan sustento a informes y antecedentes jurídicos ante otras instancias donde existe legislación vinculante referida a violencia institucional y racismo, entre otros temas”.
“Vamos a seguir atentos a lo que pase con Caspalá porque más allá de los argumentos del gobierno provincial, la comunidad entera está expresando miedo y temor por sus derechos. Y sobre todo porque el factor de discriminación por su condición de pueblo indígena, está muy presente en el conflicto y la comunidad así lo interpreta”, enfatizó Soriano.
