En la jornada del martes, la Cámara de Diputados aprobó en general por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones, el proyecto de Presupuesto 2023 que establece un gasto total de casi 29 billones de pesos, un incremento de la economía del 2 %, una pauta inflacionaria del 60%, y prioriza el gasto social.
Durante la votación, la oposición impuso su número para rechazar el artículo del proyecto de Presupuesto 2023 impulsado por el oficialismo, mediante el cual se establecía el pago del impuesto a las Ganancias para todos los integrantes del Poder Judicial.
Los bloques opositores sumaron 134 votos negativos contra 116 del oficialismo, por lo que el artículo fue rechazado.
El proyecto, que estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones de pesos, fue aprobado a las 5.13 con el respaldo del Frente de Todos, Provincias Unidas, Interbloque Federal, y los bloques de JXC Evolución Radical, UCR y Encuentro Federal, mientras que fue rechazado por la Coalición Cívica, la izquierda y la derecha, y el Pro se abstuvo.
El dictamen de mayoría contiene reformas impositivas ya que se contempla aumentos en las cuotas de obra social para las categorías más altas del Monotributo, incremento de impuestos internos y de aranceles de productos electrónicos, un impuesto sobre los pasajes y deducciones de ganancias en concepto de educación.
Otro punto significativo es la inclusión de una cláusula, por la cual si aumenta la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se deberá implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.
Durante el debate, el diputado del Frente de Todos Carlos Heller afirmó que el proyecto de gastos y recursos impulsado por el oficialismo para 2023 «no es un presupuesto de ajuste» y rechazó que hayan disminuido las partidas destinadas a gastos sociales, al señalar que suman más de 300.000 millones de pesos.
Al exponer como miembro informante de la mayoría, en el inicio de la sesión, Heller aseguró que el Presupuesto 2023 «está orientado a la inversión en infraestructura que ocupará un rol preponderante, a fortalecer el sistema de salud, la educación en todos los niveles, la extensión de las becas, la ciencia e innovación y el fomento del empleo».
«Hemos visto algunos informes periodísticos que se han centrado en el presupuesto del Ministerio de Educación pero eso es solo una parcialidad del gasto asignado a este concepto. Lo lógico es analizar los gastos por finalidad y función en los cuales se integran los gastos que proceden de diferentes fuentes. Por ejemplo hay partidas que están en el Ministerio de Obras y que tiene que ver con la realización de edificios para las escuelas pero que forman parte de los gastos destinados a la Educación», dijo el legislador.
En ese contexto, señaló que se han incrementado partidas sociales por un monto de 322 mil millones de pesos, con lo cual «no es un presupuesto de ajuste».
También se refirió al proceso inflacionario que existe en el país y en ese sentido señaló que «la búsqueda de un descenso gradual sin recurrir a un shock antiinflacionario es lo aconsejable porque conocemos los argentinos las consecuencias que tienen los shocks antiinflacionarias y devaluatorios».
En su exposición, Heller destacó el crecimiento de la actividad económica tras «haber superado la pandemia al señalar la suba del 6,4% interanual registrada en agosto respecto a igual mes de 2021».
Posteriormente, el diputado del PRO Luciano Laspina afirmó que el proyecto de Presupuesto 2023 impulsado por el oficialismo «se queda a mitad de camino porque no prioriza el gasto y gasta en cosas que no debe».
A modo de ejemplo de esto último, el legislador de la oposición citó el artículo que prevé un beneficio al gremio de camioneros para que no paguen el impuesto a las ganancias sobre determinados conceptos como viáticos.
Laspina, que además es vicepresidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, manifestó que «a la Argentina ya no le alcanza con el equilibrio fiscal, le hace falta superávit fiscal».
En su discurso, el diputado del PRO criticó el beneficio impositivo que recibirá el gremio de camioneros y señaló que representa «84.175 millones de pesos, que es el doble del bono para la indigencia» que está otorgando el Gobierno para las personas de menores recursos.
Por su parte, el diputado radical Víctor Hugo Romero, señaló que «este presupuesto no define un programa de gobierno, no deja de lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza y cambiar el rumbo que hoy tenemos en la Argentina»
Agregó que «se implementó una política de expansión de gastos con incremento del costo fiscal y esa expansión generó déficit financiado con emisión monetaria y un incremento del endeudamiento».
El titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giácomo, apoyó el proyecto de Presupuesto 2023 al señalar que no comulgan “con la idea de impedir o entorpecer al Ejecutivo, legitimado por el pueblo, el cumplimiento de su plan de gobierno”.
Con similar sintonía, el titular del interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, explicitó el aval de sus legisladores al proyecto al destacar el hecho de que el oficialismo haya hecho correcciones al proyecto original.
«Desde nuestro interbloque no acordamos con impedir el tratamiento trabando la realización de la sesión legislativa con el voto negativo en general, creemos que ese no es el camino. Adelantamos entonces el apoyo al Presupuesto en cuestión», expresó Di Giácomo durante su discurso en el recinto.
En ese sentido, agregó: “No comulgamos con la idea de impedir o entorpecer al Ejecutivo, legitimado por el pueblo, el cumplimiento de su plan de gobierno”.
“Por esto no trabajamos para impedir su tratamiento, en todo caso el poder ejecutivo deberá hacerse cargo de sus resultados; porque el sector que rige los destinos del país debe hacerse cargo de los éxitos y de los fracasos», agregó el legislador.
Por su parte, Rodríguez destacó que el oficialismo haya incluido correcciones al proyecto de Presupuesto y por eso «vamos acompañar en general» pero anticipó su rechazó a las delegaciones al Poder Ejecutivo para reformar las alícuotas de retenciones.
Destacó que es importante que «antes de fin de octubre nos encontremos debatiendo la posibilidad cierta de aprobar el presupuesto y eso hay que destacar.»
«Valoremos que hayamos podido incluir correcciones» entre las que mencionó «que se haya asignado al transporte del interior del país una suma que se pueda actualizar cómo evolucione la economía», dijo Rodríguez.
Por último, el legislador señaló que «la Argentina necesita invertir y generar empleo y un camino es insistir en que las pymes tenga menor presión tributaria para generar empleo».
Además, la discusión en el pleno del cuerpo se da en medio de un fuerte debate por la inclusión de un artículo que elimina la exención en el pago del impuesto a las Ganancias de la que gozan los miembros del Poder Judicial, por un monto total estimado en alrededor de $ 237.000 millones.
El lunes se realizó una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda con la conducción de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que explicitaron su rechazo al artículo incluido por el Frente de Todos en el dictamen de mayoría.
De todos los puntos que incluye el proyecto de Presupuesto 2023, el que modifica la exención de ganancias para magistrados y funcionarios del Poder Judicial es uno de los más controvertidos.
Se trata de un aspecto propuesto por el oficialista Marcelo Casaretto en la reunión de la Comisión de Presupuesto, donde estimó que esa incorporación permitiría recaudar unos 237.000 millones de pesos más a los recursos.
En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresaran desde ese momento en adelante al Poder Judicial comenzaran a tributar Ganancias.
Sin embargo, como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron, son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta el cobro de este impuesto de sus haberes.
