Diferentes organizaciones acompañaron la defensa de la profesional de la salud, Miranda Ruiz, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales, que en un comunicado destacó que esta decisión del juez Luciano Martini «da seguridad» a profesionales y a quienes trabajan «para garantizar el derecho» al aborto.
La médica tucumana Miranda Ruiz, imputada en Salta por la práctica de una interrupción legal del embarazo (ILE), fue sobreseída por el juez Luciano Martini de la Sala I del Tribunal de Impugnación de esa provincia, quien consideró que la profesional actuó de acuerdo a la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), informó el Poder Judicial salteño, en tanto la profesional anunció que dará una conferencia de prensa el próximo lunes.
El juez señaló en su fallo que «debe afirmarse en grado de certeza que Miranda Ruiz actuó autorizada por la ley; por lo tanto, su actividad fue lícita y ello impone dictar el consiguiente sobreseimiento”.
“Surge con meridiana claridad que existían factores sociales y familiares que ponían en riesgo la salud de J.M., lo cual es confirmado no solo por Miranda Ruiz sino por otros profesionales tanto de las ciencias médicas como de las demás disciplinas que hacen a la cuestión. Esos extremos son corroborados, a su vez, por el informe social”, escribió Martini.
La médica, que se desempeña en el hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, ubicada 365 kilómetros al norte de la capital salteña, estaba imputada por el delito de «aborto sin consentimiento», por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Vega.
El 3 de septiembre de 2021, Ruiz fue detenida durante algunas horas, en el marco de la causa judicial que le iniciaron, por haber realizado una interrupción legal del embarazo (ILE).
Ruiz y su abogado defensor Oscar Guillén, anticiparon a través de las redes sociales, tras conocer esta resolución judicial, que el lunes 26 de septiembre, a las 10.30, ofrecerán una conferencia de prensa en el salón Auditorio del hospital de Tartagal.
La médica es residente de medicina familiar y comunitaria, asiste consultas sobre anticoncepción y planificación familiar, y se encuentra a cargo del consultorio interdisciplinario de interrupción voluntaria del embarazo del hospital norteño.
Martini dictó el sobreseimiento de la profesional en un escrito de 11 páginas y en los considerandos de su resolución, el juez señaló que los resultados de las medidas dispuestas en la causa «en general, no poseen fuerza de convicción que avalen los extremos de la hipótesis fiscal» y demuestran «la existencia de una investigación concluida».
Distintas organizaciones sociales se manifestaron a favor de la profesional, en todo el país, incluyendo a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien hoy escribió en su cuenta de Twitter: «Se hizo justicia: la médica Miranda Ruiz fue sobreseída. El aborto legal, seguro y gratuito es un derecho conquistado en todo el país».
Ruiz también había recibido el apoyo de el ministro de Salud Pública de Salta, Juan José Esteban.
Incluso, Amnistía Internacional Argentina viajó a Salta con el fin de exigir el fin de la criminalización a la médica y para pedir la eliminación de las barreras que persisten en el acceso a la práctica en toda la provincia.
Sobre el fallo absolutorio, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) valoró en un comunicado que «reconoce el sentido totalizador del concepto de salud conforme con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud».
Y destacó que esta decisión del juez Maritini «da seguridad» a profesionales y a quienes trabajan «para garantizar el acceso al derecho» a la IVE/ILE.
Además, señaló que la médica «tuvo que atravesar un proceso penal ridículo por un delito inexistente» el cual «no fue inocuo, como no lo es para nadie que atraviese el sistema penal. En el tiempo de un proceso injusto, sufrieron ella, su familia y sus afectos».
«Miranda es parte de un equipo interdisciplinario que garantiza el derecho a una salud integral para las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar en zonas rurales, donde el acceso a la salud se ve obstaculizado», dijo el CELS y recordó que los equipos de salud «son una parte fundamental en la garantía del derecho a una vida saludable, digna y libre de violencias».
Por eso, sostuvo: «Debemos cuidar y dar seguridad a quienes garantizan nuestros derechos. Garantizar abortos no es delito».
