Los bloques del Frente de Todos y de la oposición fueron convocados por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, para dialogar sobre el debate del proyecto de Presupuesto 2023 esta tarde a las 16 horas, y acordar el mecanismo del tratamiento de esta iniciativa de gastos y recursos, que se empezará a discutir en los primeros días de octubre con la presentación que hará el ministro de Economía, Sergio Massa.
La iniciativa contempla para el próximo año un gasto total de 29 billones de pesos, proyectan un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2 por ciento, una inflación del 60 por ciento y un déficit primario del 1,9%.
También una reducción de los subsidios para el sector energético y una propuesta parta discutir la eliminación de exenciones impositivas.
Moreau llamó al diálogo a los jefes de los bloque del Frente de Todos y de la oposición y a las autoridades de la comisión de Presupuesto -que encabeza Carlos Heller- para definir la hoja de ruta que tendrá el tratamiento de la principal ley que quiere aprobar el Gobierno nacional este año.
En 2022 se frustró la aprobación de la norma en el Parlamento, lo que motivó que el Poder Ejecutivo extendiera la ley de 2021.
La intención del oficialismo es poder consensuar un esquema de trabajo con los bloques opositores de Juntos por el Cambio, los interbloques Federal y Provincias Unidas, bloque Ser, Movimiento Popular Neuquino, los dos bloques de la derecha y la izquierda.
La agenda de la bancada del Frente de Todos -que conduce Germán Martínez- contempla para los primeros días de octubre la presentación formal del ministro Massa, quien expondrá sobre los principales ejes del proyecto de gastos y recursos.
Uno de los temas que se busca acordar con la oposición será el mecanismo de la ronda de consultas que incluirá la visita de los ministros del Poder Ejecutivo, para luego comenzar con la conversaciones que permitan llegar a un acuerdo para asegurar la sanción del Presupuesto 2023 entre fines de octubre y principios de noviembre en la Cámara baja.
La búsqueda de acuerdos es central para el oficialismo para poder construir una mayoría que le permita sancionar el Presupuesto ya que cuenta con 117 votos, con lo que requiere al menos sumar el visto bueno de una docena de legisladores de otras fuerzas para asegurarse su aprobación.
La primera prueba de fuego la superó el jueves pasado cuando consiguió con la ayuda de los ocho legisladores del Interbloque Federal -presidido por Alejandro «Topo» Rodriguez- cuatro de Provincias Unidas, y el Movimiento Popular Neuquino, obtener 129 votos para aprobar la prórroga de impuestos.
Por eso son claves los acuerdos que pueda construir con estos bloques provinciales a los que espera sumar también a los radicales que tienen administraciones como Jujuy, Mendoza y Corrientes, con lo cual es probable que luego de la ronda de consultas comience una etapa de negociaciones para avanzar en acuerdos.
El proyecto de Presupuesto 2023 prevé una inflación del 60 por ciento para el próximo año, y un déficit primario equivalente al 1,9% del PBI, contra el 2,5% contemplado para 2022, en línea con el compromiso asumido por el Gobierno nacional en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo pasado.
Esta baja se realizará a partir de una reducción de los subsidios y la eliminación de algunas excepciones impositivas vigentes como la que tienen jueces que no pagan Impuesto a las Ganancias beneficios que tienen directores de empresas, los impuestos internos de Tierra del Fuego, entre otros.
Otro punto central será disminuir un 0,6% del PBI en los destinados de manera específica al sector energético, que de esta forma quedarán en una cifra del orden del 1,6% del PBI el próximo año, ya sea por ahorro de consumo de la gente o por la actualización de tarifas.
También se reducirá en 0,1 del PBI el subsidio al transporte que quedará en 0,4% como compensación a los colectivos interjurisdisccionales.
Otro aspecto central es mantener actualizado el tipo de cambio por lo que se espera que hacia diciembre próximo se ubique en $166,50 por dólar y que pase a valer $ 269 hacia fines del 2023, pero con un promedio de $ 219 el año próximo, precisaron las fuentes.
Además, se espera un aumento en las exportaciones, de 7,1%, contra importaciones que se incrementarían el año próximo 2%. De esta manera, el superávit comercial pasaría de US$ 7.700 millones este año a US$ 12.300 millones en 2023.
Otro aspecto central será la posibilidad blanqueos de dólares para el pago de importaciones de insumos y servicios destinados a procesos productivos, y para la construcción de proyectos inmobiliarios como también para la adquisición de viviendas usadas.
El artículo 71 establece una enmienda a la ley 27.679 de blanqueo para la construcción, a los fines de incorporar en esa normativa un permiso para la «la adquisición de un inmueble usado que sea afectado: i) con destino exclusivo a casa-habitación del declarante de los fondos y su familia, o ii) por un plazo no inferior a diez años, a la locación con destino exclusivo a casa-habitación del locatario y su familia».
Es decir, con esta modificación se permite que los fondos declarados en el marco del vigente régimen de blanqueo para la construcción sean también utilizados para la compra de viviendas usadas.
En los fundamentos, el oficialismo señala que el «presupuesto que se presenta propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y al fortalecimiento del mercado interno», entre otras cuestiones.
