Fueron palabras del referente del Polo Obrero, Sebastián Copello, en diálogo con UNJu Radio 92.9 quien se refirió a la liberación de las siete personas detenidas el jueves 3 en San Pedro, en el marco de la manifestación del Frente de Lucha Piquetero. Cabe resaltar que el Juez de Control, Rodolfo Fernández, fue quien ordenó la libertad inmediata.
Se trata de Miguel Ángel Sánchez, Daniel David Flores, Alcira Ester Zúñiga, Marisol Yamila Zúñiga, Cecilia Corregidor, Facundo Flores Zúñiga y Marcos Saravia. Todos acusados de lesiones leves y graves contra la policía, atentado y resistencia a la autoridad y entorpecimiento de transportes y servicios. Los hombres se encontraban alojados en el penal de Gorriti mientras que las mujeres, una de ellas embarazada, permanecieron en el de Alto Comedero.
— CORREPI (@CORREPI) March 10, 2022
Al respecto manifestó que se trata de un gran triunfo de la lucha popular junto a las delegaciones de Derechos Humanos, provenientes de Nación, que denunciaron maltrato, torturas y violencia institucional por parte del Gobierno a una clase obrera que «luego de tres días de lucha, escucharon nuestros reclamos» expresó e hizo hincapié en que los trabajadores, solo tratan de recomponer una tradición histórica del Movimiento Piquetero Independiente que no milita con el Estado, sino a partir de asambleas.
En cuanto a los procesados sostuvo: “si bien sabemos que en los penales no sufrieron violencia, se investigarán los métodos de tortura que sufrieron durante los traslados las últimas 24 hs. en la Comisaría 9° de San Pedro, en La Merced y en Santa Clara donde les robaron las zapatillas, los agredieron provocando hematomas, orinaron a un compañero e insultaron y amenazaron de aborto a la compañera embarazada. El objetivo es que renuncie el responsable de todo el operativo policial”.
Claudia Ferrero, integrante de la Asociación de Profesionales en Lucha que forma parte de Memoria, Verdad y Justicia, integró el grupo de organismos de Derechos Humanos que se hicieron presentes en la provincia para mediar en la situación, y explicó a Unju Radio que en la causa «recurrieron a todas las artimañas posiblea para dejar mal parado a cualquier defensor».
«Fiscales y Jueces se declararon incompetentes y no se sabía quien era el Juez de Control», sostuvo, y agregó que «esta es una violación de derechos mediante artimañas burocráticas».
«Nuestro rol fue poner en evidencia ésta situación y asegurar que el trámite se acelerara», dijo y aseguró que «la presencia de los organismos de Derechos Humanos en la provincia, y el carácter de denuncia nacional que implicó, tuvo incidencia en la aceleración del proceso para la liberación».
